Planificación encomendó a la CNEA la pronta superación de ese problema. Con sus nuevos reactores, la Argentina, en un mediano plazo, duplicará sus necesidades de uranio. Como parte integrante de un plan nuclear relanzado a full a partir de 2006 como política de Estado, el Ministerio de Planificación encomendó a Nucleoeléctrica Argentina (NASA) hacerse cargo de la reanudación de las obras de montaje de la usina atómica de Atucha II (745 MW).

Al poco tiempo también abordó, por intermedio de la Secretaría de Energía, la firma de un acuerdo de cooperación tecnológica con la Atomic Energy of Canada Limited (AECL), a fin de encarar los pasos preliminares del proyecto de otra usina del tipo Candú, que podría contar con 1.500 MW de potencial generador.

En ese contexto, las necesidades locales de uranio de todo el conjunto de los reactores de potencia que están en servicio comercial  harán necesario que, a mediano plazo, la Argentina vea aumentar sus necesidades de ese mineral estratégico de un volumen anual de 120 toneladas a cerca de 265 toneladas/año.

Hasta el presente, para abastecer los reactores de potencia, la NASA requiere de la importación de 33 toneladas al año de uranio para el reactor de Atucha I y otras 92 toneladas para el de Embalse, provisión que, en los últimos tiempos, suele adquirirse a la República de Kazajstán o a Namibia.

Para mayor complicación del abastecimiento energético nacional, el país vio esfumarse más de 40% de las reservas certificadas de gas natural que tuvo hasta comienzos de la década del ‘90, sin que nuevas exploraciones permitieran cubrir ese faltante.

A ese preocupante dato de la realidad energética se sumó luego, inexplicablemente, hacia  fines de esa misma década  pletórica de improvisaciones, la paralización de las actividades extractivas de uranio que tenían lugar en Los Gigantes, Córdoba, y en Sierra Pintada, Mendoza.

Pese a que el uranio es un commodity cuya cotización suele estar vinculada a la evolución que registra el precio internacional del barril de petróleo, al punto de pagarse  actualmente cerca de u$s70 la libra (450 gramos), irónicamente la Argentina tiene posibilidades geológicas de contener en su territorio más de 15.000 toneladas de uranio.

Incluso existen firmes indicios de que, a la luz de las exploraciones que van en camino de desarrollarse en Catamarca y Santa Cruz, esas reservas puedan elevarse entre 50 y 60% respecto de su actual potencialidad volumétrica. Pese a ese generoso dato de nuestra geología, irónicamente la NASA se ve obligada a desembolsar cada año cerca de u$s20 millones por concepto de costo y fletes por sus compras de uranio, sin justificación alguna.

Esa debilidad estratégica tuvo origen a partir de 1999, en que la firma Dioxitex, empresa conformada en un 99% de su capital social por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante por Nuclear Mendoza, se vio forzada a paralizar su planta fabril ubicada en Córdoba, la cual había llegado, desde 1997, a tener una capacidad anual de elaboración de 150 toneladas de uranio.

Para superar esa situación, en el contexto del relanzamiento de todo el conjunto del Plan Nuclear, el Ministerio de Planificación encomendó a la CNEA la tarea de superar los problemas ambientales generados por la minería del uranio, reclamos que se tomaron  como pretexto para minar buena parte del ciclo combustible que cimentó la autonomía operativa de nuestros reactores de potencia.

Así, por ejemplo, en Sierra Pintada (Mendoza) comenzaron las tareas de reubicación de residuos de una actividad uranífera existentes en superficie, materiales que están siendo encapsulados en capas de materiales impermeabilizantes que frenarán eventuales filtraciones contaminantes hacia las napas subterráneas.

A despecho de la riqueza minera local, lo acontecido con la extracción de uranio no hizo más que integrar otro capítulo de una política de desarticulación del Plan Nuclear y, por ende de la CNEA, encarada a partir de 1994 por el gobierno de Carlos Menem. Como pieza clave de esa política, se vio sin demora la luz del decreto presidencial 1.540/94, por el cual se había resuelto intentar la privatización de los reactores de potencia de Atucha I y Embalse por medio de su oferta a capitales de riesgo.

Junto con la venta de esas usinas se proyectó transferir, además, la obligación contractual de concluir con las obras de Atucha II, a todo lo cual se intentó sumar el “engendro” del manejo de la central hidroeléctrica de bombeo en caverna de Río Grande, Córdoba.  Tema aparte que en el mundo nunca se registró antecedente alguno de cambio de mano en los activos nucleares, que siempre fueron estatales o privados desde su origen, lo cierto es que ningún grupo empresarial resolvió embarcarse en esa privatización.

Atento a las exigencias que plantea el cambio climático, no debe llamar la atención que una minera canadiense de primera línea (Río Colorado) esté embarcada por estos días en lanzar una millonaria exploración de uranio en Catamarca.

Fuente: El Argentino

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