Tras el rescate de los 33 mineros en octubre, el gobierno de Chile prometió reformas en la seguridad para evitar nuevos accidentes. Pero pasada la euforia y el optimismo del rescate, el país aún registra una carencias en este aspecto. 

Por ejemplo, el 7 de diciembre, justo después del mediodía, hubo una explosión en un pequeño yacimiento de cobre en Tierra Amarilla llamado Javier Castillo, situado a unos 25 kilómetros al este de Copiapó.

Murió un hombre: Héctor Manuel Cortés; otros dos resultaron heridos, uno de ellos gravemente. El accidente sucedió por causa de un fusible que quemaba más rápido de lo esperado y elevó a 43 el número de víctimas mortales en el sector minero durante 2010, muy por encima del promedio de 34 fallecimiento anuales registrados en la última década.

Según le dijo a BBC Mundo Juan Antonio Pérez, un funcionario del gobierno local, la mina Javier Castillo tenía todos los papeles en orden.

"La investigación establecerá las causas del accidente. La mina funciona de manera totalmente legal y había sido controlada recientemente por el Sernageomin".  
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) es el ente nacional regulador de todo el sector minero, pero también ha sido blanco de muchas críticas por su presunta falta de capacidad regulatoria.

"He trabajado en minería por más de 30 años y el Sernageomin nunca ha cumplido bien con sus responsabilidades. Por el momento, todo lo que hace un inspector es llegar a la mina, ir a la oficina de la persona a cargo, conversar, firmar papeles e irse", le comentó a la BBC Omar Reygadas, uno de los 33 trabajadores atrapados en la mina San José, en Copiapó, durante 69 días entre agosto y octubre de 2010.  

Controles en entredicho

La oficina central del Sernagomin en Copiapó es una construcción terracota, larga y de una planta, ubicada cerca del centro. Al entrar se siente un aire relajado. El director tuvo que renunciar en noviembre luego de un accidente en una mina cercana, llamada Los Reyes.  
Este yacimiento operaba ilegalmente. Por lo tanto, la responsabilidad de las dos muertes resultantes cayó sobre el ente regulador.

El director interino, Pedro Iblan, le aseguró a BBC Mundo que el Sernageomin no tiene capacidad para inspeccionar todas las minas de la zona al mismo tiempo.

"Hay alrededor de 2.500 minas en total en la región, 90% de las cuales pertenecen a pequeñas empresas. Para esos 2.500 yacimientos tenemos tres inspectores", afirmó Iblan.  

Mientras los 33 mineros estaban bajo tierra, el gobierno anunció grandes cambios en las regulaciones del sector. El 27 de agosto, el ministro de Minería, Laurence Golborne, anunció un aumento en el número de auditores, que subió de 18 a 45.  

Cuatro meses después del anuncio, la oficina en Copiapó no había recibido ninguna noticia sobre el plan de incrementar los recursos. "Por supuesto no podemos hacer nuestro trabajo como corresponde con sólo tres inspectores. Todavía estamos esperando que se resuelva la situación", contestó el director interino.

El accidente en la ahora conocida mina San José, en agosto, se vio complicado aún más por la falta de un escape de emergencia.

El yacimiento operaba pese a las conocidas preocupaciones por temas de seguridad y los obreros que trabajaban allí conocían los peligros que implicaba. Y estaban dispuestos a correr esos riesgos a cambio de un sueldo que superaba el salario promedio en la industria.  
Pese a los problemas de seguridad, el incentivo para desempeñarse en la minería sigue siendo muy grande. El precio del cobre en los mercados internacionales alcanzó un valor récord en diciembre y se ha sextuplicado en la última década. Este metal representa casi la mitad de las exportaciones totales de Chile, que van dirigidas al aparentemente insaciable mercado chino.

Fuente: El Nacional

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