Además de lamentar las muertes y reconocer que la seguridad en todas las fases de la producción minera es responsabilidad de los industriales, César Díaz aseguró en entrevista con Xinhua que es preciso avanzar en la creación de políticas que respondan a las nuevas condiciones de esta actividad. Recordó que el grueso de las operaciones en Colombia se concentra en la pequeña minería, la cual es en su mayoría informal (sin títulos) y carece de los equipos o prácticas para prevenir siniestros.

El director de la Cámara Colombiana de Minería consideró imperativo que el Poder Ejecutivo intervenga estas pequeñas empresas, sin que esto signifique una clausura definitiva de las mismas. Para la cabeza de esta organización gremial, que representa a un significativo número de empresas dedicadas a la explotación minera y otras de servicios asociados, el camino a seguir es el acompañamiento de las autoridades a estos pequeños productores, que en términos de empleo, generan cerca de 70 por ciento de ocupación en ese sector.

"A nosotros nos parece que el gobierno debe acompañarlos (...) debe hacerles entender que tienen un compromiso con sus trabajadores, la sociedad y el medio ambiente". Así mejorarán sus procedimientos y garantizarán más seguridad en los puntos de explotación", indicó Díaz en su oficina ubicada en el norte de Bogotá. Los más recientes accidentes mineros, acaecidos en lo que va de 2011 y en los cuales ha muerto más de una treintena de hombres, han tenido lugar en socavones que según las investigaciones preliminares, realizadas por entidades estatales, no cumplieron con los requerimientos mínimos exigidos por la ley para desarrollar esta actividad.

A esta informalidad, asociada a la creciente accidentalidad en el país, se suma la ilegalidad que existe en el gremio, señaló Díaz. De acuerdo con la Cámara Colombiana de Minería, grupos ilegales armados como la guerrilla o las bandas criminales invierten grandes capitales y maquinaria en el tema minero. Hasta el pasado 17 de enero, como parte de una operación que comenzó en agosto de 2010, la fuerza pública colombiana cerró unas 56 minas ilegales de oro en 17 de los 32 departamentos del país, cuya administración estaba al mando o tenía alguna relación con organizaciones criminales.

Estos esfuerzos, encabezados por la administración del presidente colombiano Juan Manuel Santos, buscan regular la actividad minera y reducir los riesgos ambientales y para los trabajadores. Los trabajos, sin embargo, se ven obstaculizados por la falta de recursos, según admitió hace unos días el ministro colombiano de Minas y Energía, Carlos Rodado. Un día después de la explosión que el pasado 26 de enero cobró la vida de 31 mineros en el este de Colombia, Rodado declaró que el número de funcionarios encargados de vigilar las condiciones de seguridad en las minas es insuficiente, ya que sólo existen 16 para al menos 3,000 puntos de explotación en todo el país.

Para este representante de los industriales, esto refleja que la institucionalidad que tiene el sector minero en Colombia es muy precaria y necesita ser revisada. Díaz aclaró que el sector ve con buenos ojos la propuesta gubernamental de crear una Agencia Nacional de Minerales, la cual se espera sea una realidad muy pronto. En caso de consolidarse, ésta debe ser una entidad robusta (fuerte), capaz de fiscalizar o coordinar la fiscalización de las diferentes operaciones mineras que se realizan en el país, labor que desempeña en la medida de lo posible el estatal Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), añadió.

César Díaz consideró que la normatividad debe ajustarse al ritmo en el que el sector minero ha creciendo en los últimos seis años, como consecuencia de la gran demanda mundial de minerales. La minería y el petróleo representó para Colombia en 2009 40 por ciento de las exportaciones, que en total, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), alcanzaron en ese mismo período al menos 32.000 millones de dólares. En el pasado quinquenio la participación de estos sectores en las exportaciones se duplicó. "Los gobiernos tienen que ser flexibles a ir regulando los sectores que van cambiando (...) Nosotros creemos que hay que hacer una revisión de la normatividad, de la forma cómo se accede a un título minero (...), hay que responsabilizar más a los empresarios y darle facultades a la autoridad minera" para hacer cierres oportunos, enfatizó.

Fuente: Xinhua

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