Una serie de protestas asociadas a proyectos mineros reflejan una constante: la aparente discordia entre esa actividad y las demandas sociales y medioambientales. 驴D贸nde reside el punto de encuentro? La actividad minera es de vital importancia para el sostenimiento de la econom铆a peruana -sus exportaciones llegan a los 20.505 millones de d贸lares este a帽o- su crecimiento y desarrollo.

Sin embargo, dicha industria, como cualquier otra, genera un impacto sobre el micro y macro ambiente, que puede ser positivo y en parte negativo, lo que provoca reacciones naturales entre diversos grupos de inter茅s, como es el caso de las comunidades de las localidades en las que se asientan los proyectos. Seg煤n estad铆sticas de la Defensor铆a del Pueblo, a octubre del presente a帽o existieron 217 conflictos en Per煤, un 57% por causas socio-ambientales; de ellos, una parte est谩 relacionada con el agua.

El tema de fondo est谩 en la b煤squeda del "equilibrio de la balanza" para orientar el desarrollo sostenible del pa铆s, teniendo en uno de los brazos la continuaci贸n de la actividad minera en forma responsable y, en el otro brazo, la protecci贸n medioambiental y el bienestar social. Este problema es, y ser谩 siempre, un dolor de cabeza para cualquier estadista, pues las ra铆ces del asunto son tan profundas como la historia misma de los pa铆ses de la regi贸n: desigualdad, centralismo, pobreza, bajos niveles de educaci贸n, limitados servicios b谩sicos, etc茅tera. Parad贸jicamente, estos pa铆ses est谩n asentados sobre territorios ricos en recursos naturales.

El discurso de la campa帽a electoral del presidente Ollanta Humala ha quedado atr谩s, pero persisten en la memoria ciertos recuerdos, b谩sicamente aquellos referidos al reconocimiento y defensa de los derechos de los m谩s pobres y despose铆dos, as铆 como de los recursos vitales, como el agua. Dichas alusiones hoy le est谩n pasando la factura, pues la tarea de gobierno implica la evaluaci贸n y conciliaci贸n de intereses nacionales, vale decir, p煤blicos y privados, en aras del progreso del pa铆s. Las protestas en torno a proyectos mineros se han desencadenado en varias regiones del pa铆s: Apur铆mac, Ayacucho, Cusco, Ancash.

Recientemente han cobrado especial relevancia las surgidas en Cajamarca, donde se viene ejecutando el proyecto minero Conga, y en las cuales particip贸 el propio presidente regional, Gregorio Santos, de la izquierda radical, quien estar铆a relacionado con el Movimiento de Afirmaci贸n Social (MAS). Ante la cr铆tica situaci贸n, que m谩s parece un concierto de levantamientos y protestas, la reacci贸n de Humala ha sido destacada por muchos y criticada por otros.

Hace unos d铆as, en un mensaje breve, llam贸 al orden, al cumplimiento de la ley y los compromisos asumidos por el Estado, marcando distancia con ciertos sectores que esperaban con ansias una posici贸n dura. Para algunos, represent贸 una desilusi贸n, por la promesa o el "voto" incumplido; mientras que para otros fue la manifestaci贸n madura de un gobernante, que evaluada la situaci贸n en pleno campo de batalla, opta por el camino de la concordia, mesura y la b煤squeda del equilibrio, por la naci贸n y su futuro.

Plante贸 seis acciones concretas: la creaci贸n de un fondo social de compensaci贸n, tambi茅n denominado de "garant铆a"; la generaci贸n de una autoridad aut贸noma para la fiscalizaci贸n de los estudios de impacto ambiental, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); la conformaci贸n de mesas de trabajo para el uso de aguas; la mejora de la distribuci贸n del canon; el fortalecimiento de la Unidad de Prevenci贸n de Conflictos de la PCM; y el impulso para la aprobaci贸n del reglamento de la Ley de Consulta Previa.

Con relaci贸n al fondo de compensaci贸n, cabe destacar que se tratar铆a de un aporte adicional por parte de las mineras que se sumar铆a al recientemente aprobado gravamen, que aportar谩 un ingreso adicional de 1.100 millones de d贸lares, y que ser谩n destinados b谩sicamente a infraestructura. La creaci贸n de la autoridad que fiscalice los estudios de impacto ambiental tiene por finalidad evitar entredichos y establecer condiciones de entrada. Sin embargo, su nacimiento requiere de la fusi贸n de oficinas ya existentes, lo que pude traer consigo ciertas disensiones en el propio gobierno.

La nueva distribuci贸n del canon minero, con un contenido equitativo y m谩s democr谩tico, reducir谩 el aporte de algunas regiones en beneficio de otras, con inevitables reacciones. La ley de consulta previa ha sido esperada por mucho tiempo, pues impone la obligatoriedad de preguntar a las comunidades sobre los proyectos productivos que se pretendan ejecutar en sus localidades; con el reglamento se pondr谩 en vigor un instrumento que brindar谩 las condiciones para "nivelar la cancha" y permitir que los actores se sienten a la mesa para dialogar. Existe, pues, una ardua tarea para el presente gobierno en torno a los proyectos mineros y las demandas sociales.

Como siempre, el peor enemigo es el tiempo ante una situaci贸n de conflicto que ha llegado a las calles. Pol铆ticamente, existen varias opciones, pero una soluci贸n sostenible solamente surgir谩 del dialogo y la concertaci贸n entre todos los actores, como muestra de equidad y voluntad democr谩tica, sin tintes partidarios o sectoriales, que busque un consenso sobre los ajustes y mejoras, desde el proceso de aprobaci贸n hasta la ejecuci贸n de los proyectos mineros - implicar谩 modificaciones normativas -, as铆 como la reestructuraci贸n de instancias y 贸rganos del Estado. Las acciones deben ser soportadas por una buena estrategia de comunicaci贸n.

Lo anterior requiere de valor, firmeza, apertura y una fuerte dosis de humildad, pero con autoridad. En el plano econ贸mico, es evidente que las inversiones asociadas son importantes para la tan ansiada transformaci贸n de Per煤 y para que permitan impulsar el desarrollo e inclusi贸n social, traducido en m谩s empleos, mejora del ingreso y menor pobreza. A esto se debe a帽adir una mayor eficiencia y eficacia estatal en el gasto, para que la poblaci贸n reciba los beneficios -indirecta o directamente - y se eviten reacciones adversas. Esto requiere una acci贸n urgente en la creaci贸n de capacidades. Es hora de aplicar medidas innovadoras. Socialmente, el tema es claro.

Se reclama participaci贸n, pues a煤n cuando existe el Estado, gobiernos locales y regionales y sus correspondientes representantes, la realidad demanda mecanismos de presencia adicionales, incluso por motivos culturales; hacerlo de otro modo, ha tra铆do malas consecuencias. Todo lo anterior puede ser convertido en "cenizas" en cuesti贸n de minutos si las medidas tardan. Se deben poner pa帽os fr铆os con urgencia. Las protestas en las calles y la polarizaci贸n de ciertos grupos afectan la paz social y las actividades productivas.

Por consiguiente, imponen un freno al desarrollo y al bienestar. Lo perverso de esta situaci贸n es que puede convertirse en una espiral que desencadene en m谩s actos de violencia y que, adem谩s, sea capitalizada por sectores radicales e, incluso, organizaciones criminales y terroristas. Este es un riesgo latente, que debe controlarse y manejarse. Las decisiones y acuerdos que se tomen en esta hora crucial pueden marcar un hito en la historia y en la forma de abordar un conflicto de esta naturaleza. Sin embargo, se debe ser consciente de que esta realidad no cambiar谩 de la noche a la ma帽ana, pues implicar谩 un proceso de modificaci贸n gradual y paulatina, que pasa por el mismo Estado, cuya reforma, desde hace mucho, est谩 pendiente... Otro gran reto para el actual gobierno.

Fuente: Infobae

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