La pregunta es de Francisco Pérez a la cúpula del radicalismo que, con el presidente partidario Alfredo Cornejo, había llegado el lunes a la noche a la Casa de Gobierno para discutir el futuro de Mendoza en la nueva YPF. La respuesta radical fue firme: “Si se cumple con la ley 7.722 (la norma antiminera) y la Nación remedia los pasivos ambientales, no habría por qué oponerse”. Esa habilitación radical fue el pie para que Pérez, empujado por el Gobierno nacional que persigue la explotación de uranio en todo el país, expusiera su plan para que Mendoza apueste a futuro en el yacimiento sanrafaelino que está clausurado desde 1997 por la contaminación que generó su explotación, y sobre todo, hacerlo dentro de la empresa de energía que pretende crear a pesar de que conduce una provincia en la que la minería es disparadora de conflicto social.

La Nación le puso especial atención a la mina: se calcula que Sierra Pintada es el tercer yacimiento a nivel mundial, con reservas por 20 años que podría abastecer no sólo a las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), sino que transformaría además a Argentina en uno de los principales exportadores del elemento. Es el más importante en Latinoamérica y el tercero en el mundo, publicó Diario Uno.

En 2002 libra (medio kilo) de uranio costaba en el mercado internacional 6 dólares, hoy se paga por lo mismo 48 dólares. Las estrategias de Pérez podrían resumirse así: el Gobierno incluyó, y eso se venía discutiendo desde hace semanas en la Legislatura, la posibilidad de que Sierra Pintada forme parte de las atribuciones de la empresa provincial de energía que todavía no consigue aprobar por ley. El uranio se utiliza en la construcción de estabilizadores para aviones, satélites y además en los tomógrafos.

Fuente: El Inversor Enérgetico & Minero

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