Los tres poderes del Estado mendocino y la Justicia Federal han quedado involucrados en la intensa polémica por la explotación del uranio en la provincia y la contaminación ambiental. La semana pasada se conoció una sentencia de la Suprema Corte provincial que confirmó una multa del Departamento General de Irrigación por 1 millón de pesos contra la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), por la presencia de uranio en un cauce de agua. La mina en cuestión dejó de operar en 1987 y el fallo de primera instancia contra la CNEA es del año 2002, pero la resolución del conflicto demoró 10 años más.

En tanto, la Legislatura tiene en estudio el proyecto de creación de la Empresa Provincial de Energía, que incluye la explotación de uranio de manera tácita. Aunque además tiene pendiente desde hace tres años el tratamiento de una declaración de impacto ambiental emitida por el Poder Ejecutivo para un proyecto de exploración en Malargüe llamado Huemul. Sin dudas que Sierra Pintada, el yacimiento de la CNEA en San Rafael, es el que más polémica genera. El yacimiento está cerrado desde 1995, pero se arrastra hasta la fecha un conflicto judicial por las colas de uranio que dejó la mina y el intento de la CNEA de volver a extraer el metal.

La Justicia Federal es en este caso la que tiene frenada la explotación en Sierra Pintada hasta que se produzca la remediación definitiva de los pasivos ambientales. Finalmente, el Gobierno de la provincial confesó hace 15 días la intención a futuro de explotar uranio y reabrir Sierra Pintada, pero después se desdijo. Frente a las reacciones, el gobernador Paco Pérez ha asegurado que el único objetivo oficial respecto del uranio es la remediación de pasivos y ha ratificado la defensa de la ley provincial 7722, que actúa como un freno efectivo para la minería metalífera.

Fuente: El Sol Online

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