“La ESM ha propuesto al Gobierno nacional, vía Ministerio de Minería y Metalurgia, estatizar los pocos y escasos bienes de la JSB de forma inmediata y poner fin, así de inmediato, a los coleteos sin sentido y pudor de la JSB, realizados ante la prensa nacional y ante (la Cámara de Comercio Internacional de) París (Francia)�, dijo a La Razón el presidente de la ESM, Ricardo Cardona.

El 17 de octubre, el presidente de la empresa estatal develó que el valor de los bienes e inmuebles que la Jindal poseía en Puerto Suárez (Santa Cruz) alcanzan a $us 5 millones; sin embargo, la mitad de ese monto corresponde a la siderúrgica india ($us 2,5 millones) y el resto es alquilado.

Cardona hizo esas declaraciones tras haber cumplido la orden emitida por el fiscal de la División Corrupción Pública, Aldo Ortiz, quien dispuso el 27 de septiembre la entrega de los bienes e inmuebles de la firma india a la estatal ESM en calidad de custodia. El abogado de la JSB, Jorge Valda, demandó del Gobierno el cumplimiento del contrato de riesgo compartido firmado entre partes antes de tomar una decisión que afecte los intereses de la compañía india, como una estatización de sus bienes.

“El arbitraje es la única vía idónea para resolver cualquier tipo de controversia, inclusive la resolución del contrato�, señaló Valda. El fiscal Ortiz señaló que la ESM puede hacer uso de la maquinaria de la Jindal para la explotación de hierro en el Mutún si realiza su mantenimiento. El fiscal inició en mayo de este año un proceso en contra de los ejecutivos de la JSB por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato en el proyecto siderúrgico del Mutún.

Por otra parte, Cardona aclaró que aún no están en vigencia los 90 días de plazo para el inicio del arbitraje para la rescisión del contrato de riesgo compartido, después de que el 16 de julio la JSB envió una carta a la empresa estatal en la que dio por terminado el acuerdo entre partes. El acuerdo firmado entre la ESM y JSB, el 18 de julio de 2007, establece que el arbitraje para la rescisión del contrato deberá realizarse en Bolivia y bajo leyes bolivianas.

El abogado de la Jindal explicó que mientras no se realice la reunión extraordinaria de los máximos ejecutivos de ambas empresas, no se podrá contabilizar los 90 días para el inicio del arbitraje. “La Jindal ha enviado cartas al Ministerio de Minería y a la ESM para que se realicen estas reuniones, pero no se han efectuado�.