Se ha cerrado un nuevo año, el séptimo, en que faltan las leyes básicas de la economía mientras sigue la práctica de asaltos a unidades productivas de la minería, la agricultura y la ganadería. A pesar de estas condiciones negativas, y sólo como efecto de los altos precios de las materias primas, los indicadores de la economía son positivos. El Gobierno ha anunciado en estos días que las leyes de inversiones y de bancos están casi listas para ser remitidas al Parlamento. Sobre las leyes de hidrocarburos y minería no se ha dicho nada salvo que esta última sería mixta; es decir, un instrumento legal que permita la coexistencia del sector estatal con el cooperativizado. Los altos precios de las materias primas, que probablemente se mantengan por algún tiempo más, podrían servir para que se elaboren bases firmes para la economía nacional.

Las bases de una economía están dadas por las leyes esenciales, que en Bolivia ahora faltan, y por las condiciones sociales en las que se desenvuelven las actividades productivas. Perú tiene una ley de minería que fue aprobada en 40 días por el Gobierno de Ollanta Humala y que ahora ha provocado anuncios de inversiones extranjeras por 10.000 millones de dólares anuales en los próximos tres años. En Bolivia, en cambio, no hay nuevas inversiones mineras en proyección, como no las hubo en los últimos años porque no existe la ley para el sector ni mucho menos seguridad para las posibles inversiones.

Algo similar ocurre con el sector hidrocarburos, donde las perforaciones de este año apenas fueron 30, mientras que en Perú llegaron a 180 y en Colombia a 118. La clave del éxito de esos países en los mencionados sectores, minero y de hidrocarburos, es que existen leyes. En Perú está prohibida la toma de minas en producción y el Gobierno tiene la obligación de hacer cumplir esa disposición, no importa si afecta a sectores sociales originarios o no. Los altos precios de las materias primas que el país exporta han dado lugar a que la planilla de la administración pública se infle de manera excesiva.

Si esos precios llegaran a caer, las contrataciones hechas por el actual Gobierno para el sector público, incluidas las empresas estatales, podrían generar una grave crisis. Para evitar una consecuencia semejante sería preciso sentar las bases serias de la economía, capaces de sobrevivir incluso en circunstancias diferentes a las actuales. Si las leyes de la economía van a ser aprobadas en los primeros meses de 2013, como ha dicho el Vicepresidente, podríamos estar ante el comienzo de un tratamiento responsable de la economía.

Y, en el marco de esa responsabilidad, al inicio de un nuevo año es menester expresar votos de que la nueva ley minera sea coherente y tenga bases económicas, no políticas. Si se pensó en la economía, la nueva ley tendría que fomentar no sólo las inversiones, sino la prospección y el desarrollo de nuevos yacimientos. Si, en cambio, sólo se atendió a la conveniencia que tiene el Gobierno de mantener buenas migas con sus aliados, los cooperativistas, entonces no se augura nada bueno para un sector que no puede estar sujetos a las antipatías y simpatías de la coyuntura política.