Enclavada a unos 5.200 metros de altura en los Andes peruanos, surgió una nueva ciudad que pronto será bautizada como Nueva Morococha. La minera china Chinalco construyó el asentamiento para reubicar cerca de 3.500 personas provenientes del pueblo de Morococha, un ex campamento minero armado sobre una acumulación de desechos a principios de los noventa. En total contraste, Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, plazas, escuelas, iglesias y plantas procesadoras de agua. Chinalco tiene un buen motivo para relocalizar a esa gente. Está invirtiendo u$s 2.200 millones en una mina de cobre y plantas de procesamiento en Toromocho, en el distrito de Morococha. Según la compañía, el 77% de los hogares, cerca de 900 familias, ya aceptaron mudarse.

Chinalco todavía está calculando el costo del traslado, pero se estima que sería de entre u$s 150 y u$s 200 millones. El alcalde Marcial Salomé quiere que antes de mudar al pueblo Chinalco garantice los puestos de empleo en la nueva mina y que indemnice a los aldeanos por destruir su pueblo. Las exigencias de Salomé expone las crecientes tensiones sociales que presentan uno de los mayores desafíos para las aspiraciones de Perú de quitarle a Chile la supremacía entre los productores mundiales de cobre. Los objetivos que se fijó Lima son ambiciosos.

Si Perú recibe todas las inversiones que tiene proyectadas para los próximos diez años (cerca de u$s 53.000 millones para 52 proyectos), el país andino producirá 5 millones de toneladas anuales de cobre a partir de 2025, cifra cercana a los 5,7 millones de Chile, el mayor productor mundial del metal.  Perú actualmente se ubica en el tercer lugar con cerca de 1,3 millones de toneladas. Y la minería es la columna vertebral de la creciente economía y representa el 15% de su PBI.

Pero la explotación de las reservas de cobre representa para el presidente Ollanta Humala un espinoso desafío político. Mientras muchas de las minas chilenas se ubican en zonas alejadas y deshabitadas como el Desierto de Atacama, en Perú el cobre en general se encuentra cerca de las aldeas de comunidades indígenas. Esto obliga a Humala a mantener un delicado equilibrio. El ex oficial del ejército ganó unas reñidas elecciones en 2011 con una plataforma demócrata social, y prometió apoyar a los pobres en las tantas disputas mineras.

Por otro lado, Humala es totalmente consciente de que la inversión minera por miles de millones de dólares es crucial para sostener el estelar crecimiento económico de 6% que registra la nación. La minería genera ingresos adicionales que el gobierno necesita para planes sociales, en apoyo a más de una cuarta parte de la población que vive por debajo de la línea de pobreza, gente como los habitantes de la vieja Morococha. Perú tiene el potencial para ser una superpotencia en producción de cobre, y definitivamente está mucho más cerca de serlo que hace 20 años.

Es por eso que se está moviendo hacia esa dirección, comentó Anthony Bebbington, ex asesor del Banco Mundial. Las preguntas son si pueden sostener ese avance y cuáles serían las condiciones sociales, políticas e institucionales que lo permitan, agregó. En su primer año del mandato, Humala tuvo una sangrienta introducción al tipo de reformas institucionales que necesitaría. En la ciudad norteña de Cajamarca, conocida como el lugar donde el imperio Inca encontró su fin, se produjeron violentos disturbios por una inversión de u$s 5.000 millones en una de las minas de oro y cobre más grandes del país, Minas Conga.

Los analistas sostienen que el problema con ése y otros proyectos es que los manifestantes creen que ya ganaron la batalla para detenerlos; y que éstos nunca estarán conformes por más que modificaciones que se hagan a los proyectos. Desde su bautismo de fuego, Humala prueba una estrategia más coherente para evitar los disturbios: de antemano ayuda a las comunidades afectadas con obras de infraestructura para brindarles educación, agua y salud.