El juez federal Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, imputó a la máxima autoridad minera de la compañía chilena Los Pelambres, por arrojar ilegalmente escombros mineros (toneladas de rocas y más de 500 neumáticos gigantes) en el lado argentino de la cordillera de los Andes, en el departamento Calingasta.

Tras la declaración indagatoria por escrito que hizo el lunes último el actual gerente general de la compañía chilena, Andrew Mayne-Nicholls, el juez Rago Gallo decidió imputar también al director general, Francisco Veloso.

De esa forma, ahora son cuatro los ejecutivos de la minera chilena que están imputados por dos artículos de la Ley de Residuos Tóxicos, el 55 y el 182. Ellos son: Andrew Mayne-Nicholls, Alberto Cerdá Mery, Ignacio Cruz Zabala y ahora también Veloso.

Cerdá Mery y Zabala debían haber declarado la semana pasada, pero como  pidieron ser eximidos de prisión y eso obligó a reprogramar el cronograma de indagatorias.

El beneficio de asegurarles la libertad cuando vengan a declarar les fue otorgado a los cuatro gerentes, tras un extenso trámite con las cancillerías de ambos países que se realizó a través de la Secretaría Penal N° 5 a cargo de Florencia Gutiérrez.

El artículo 55 dice que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el art.200 del Código Penal, el que, utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. (...)