Después del revés sufrido por la derogada Ley 9209, la inseguridad jurídica se posiciona en Mendoza como el principal impedimento para inversiones mineras no contaminantes. Desde la cámara que nuclea a los empresarios lamentan la falta de acompañamiento de la clase dirigente y aseguran que se debe avanzar en un consenso social generalizado que permita ampliar la matriz productiva sin quedar sujetos a retrocesos.

En conversación con Radio Mitre Mendoza, el presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, Raúl Rodríguez destacó que “hoy los impedimentos para proyectos mineros en Mendoza son más políticos que técnicos”. “Los capitales de inversiones  siempre están dispuestos. Pero más allá del potencial geológico se analiza la situación de la provincia”, resaltó y recordó la derogación de la Ley 9209 que flexibilizó la 7722 que aún sigue vigente.

Para evitar estos retrocesos, el empresario resaltó que la actividad minera “se tiene que desarrollar no por la necesidad sino por consenso del potencial”. Y explicó que “en el mismo sector geográfico que compartimos con Chile, desde el vecino país tienen exportaciones por 10.000 millones de dólares al año”.