La Rep煤blica Argentina pide a la jueza Preska una extensi贸n de los plazos para presentar su estrategia en el caso por expropiaci贸n de YPF. Burford Capital acepta el pedido argentino. La nueva fecha de audiencia es el pr贸ximo 26 de junio", dijo en Twitter el analista financiero Sebasti谩n Maril, director de Fin.Guru y quien sigue de cerca el caso. 

El viernes pasado, la Corte del Distrito Sur de Nueva York determin贸 que el juicio multimillonario por la estatizaci贸n de YPF se mantendr谩 en los Estados Unidos, pese al pedido de la Argentina de trasladar la controversia a los tribunales locales al utilizar la doctrina forum non conveniens.

La representaci贸n argentina est谩 en manos de los estudios en Nueva York Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, que fue contratado durante el gobierno de Mauricio Macri, y de Sullivan & Cromwell, que sum贸 el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. 

Este bufete , a su vez, ya hab铆a sido contratado por el gobierno de Mauricio Macri para llevar la defensa del juicio por el pago del cup贸n atado al PBI. En representaci贸n de YPF sigue el estudio Cravath, Swaine & Moore. La Argentina est谩 siendo demanda por los fondos Eton Park y Burford Capital, quien compr贸 el derecho a litigar en la quiebra de las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. 

El Estado, como principal accionista de YPF, en caso de perder el juicio, deber谩 hacer frente a la indemnizaci贸n, que podr铆a costar al menos US$3000 millones, seg煤n c谩lculos de dos fuentes al tanto del caso. Los fondos acusan al pa铆s de no haber cumplido con el estatuto de la empresa al momento de expropiar el 51% de las acciones, ya que, basado en ese reglamento, se deber铆a haber hecho una oferta p煤blica de adquisici贸n (OPA) al resto de los accionistas por el mismo precio. 

El 25% de esas acciones las ten铆a en su momento las empresas Petersen Energ铆a Inversora y Petersen Energ铆a, que hab铆an adquirido la participaci贸n a trav茅s de un cr茅dito de Repsol y de pr茅stamo sindicado que ten铆a como garant铆a el reparto de utilidades de las acciones. Al producirse la expropiaci贸n, las empresas entraron en quiebra en Espa帽a, y acusaron que no pod铆an pagar sus compromisos, ya que se hab铆a derrumbado el precio de las acciones y el nuevo mayorista accionario, el Estado argentino, hab铆a prohibido el reparto de utilidades. 

Fue entonces cuando Burford compr贸 el derecho a demandar al pa铆s por 15 millones de euros m谩s el 30% de la indemnizaci贸n que se obtenga por el resultado del juicio. Como nuevo argumento de defensa, la Argentina podr铆a pedir que se haga un Discovery, para que la Justicia norteamericana investigue el origen de las empresas Petersen, que las cre贸 la familia Eskenazi para adquirir el 25% de las acciones de YPF, en 2007.

La familia Eskenazi es due帽a adem谩s del Banco de Santa Cruz, quien administr贸 los US$600 millones que recibi贸 la provincia cuando se privatiz贸 YPF, en 1992. Zannini, el procurador del Tesoro que decide la estrategia legal de la Argentina, se desempe帽aba hasta diciembre pasado como director titular de ese banco, designado por la gobernadora Alicia Kirchner.