El intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, ya lo tiene decidido y en treinta días o un poco más presentará un proyecto de ley en la Legislatura para que en su departamento se permita desarrollar la minería metalífera.

El mecanismo que planteará el departamento sureño para reabrir el debate -prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses, cuando fracasó estrepitosamente el intento del gobernador Rodolfo Suárez para modificar la Ley 7722- será precisamente pedir una excepción a esta norma.

“Vamos a generar la iniciativa y las consultas necesarias para poder modificarlo pero básicamente siempre vamos a hablar de cuidar la cuenca del río Atuel para que los vecinos de General Alvear y San Rafael no tengan miedo y así nos dejen hacer minería”, declaró el intendente.

Además, insistió en que “hoy la historia nos ha demostrado que siempre vamos un paso detrás. Malargüe no quiere vivir de los subsidios, Malargüe quiere producir y vivir del trabajo genuino”.

Eso mismo dijo Ojeda ante los vecinos de Malargüe, hacia finales de julio, cuando el proyecto comenzó a tomar forma. Según el intendente hay 70 proyectos de exploración con buenas posibilidades de concretarse sólo en el 2% del territorio, con foco en minerales de primera categoría como el oro, la plata y el cobre.

Borrador del proyecto

El portal digital mendocino MDZ accedió al borrador del proyecto de Ley que ya comenzó a circular entre algunos senadores provinciales y que además fue entregado a varios empresarios que están dispuestos a respaldarlo en público y que, asimismo, ya han comenzado a tratarlo en privado.

La iniciativa a la que se está tratando de rodear de consenso y legitimidad en un escenario adverso desde lo político y en buena medida desde lo social, consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.

Asimismo se crea una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia y, como se evita la aplicación de la 7722, la autorización de los proyectos no deberá pasar el filtro d ella Legislatura. Uno de los aspectos centrales que se intentó modificar sin éxito en aquella arremetida de Suárez de principios de gestión.