El Municipio de Cuenca presentó a inicios de mes una propuesta para que la Corte Constitucional califique las preguntas con la que busca prohibir la explotación de minería metálica a gran y mediana escala en las zonas cercanas a cinco ríos que atraviesan la ciudad, porque podrían ser afectados con el desarrollo de la actividad.

La Corte Constitucional emitió "un dictamen favorable" a las cinco preguntas planteadas por el Municipio de Cuenca, pero con algunas condiciones. "Los efectos de la presente consulta popular, ante un pronunciamiento afirmativo del electorado, serán únicamente hacia el futuro", dijo en la resolución publicada en su cuenta de Twitter.

En Cuenca se ubican proyectos importantes como Loma Larga, operado por la canadiense INV Metals Inc, que ya fue afectada por una consulta popular sobre minería en marzo de 2019, y Río Blanco, del consorcio chino integrado por Junefield Mineral Resources Limited y Hunan Gold Group, actualmente suspendido.

Además, en la zona se encuentran otras concesiones mineras en fase inicial de exploración.

"Es un anhelo que ha sido durante tantos años de la gran mayoría de los cuencanos de que se nos permita, a través de la consulta popular, determinar el futuro de la precautelación de las fuentes de agua, de las zonas de recarga hídrica", dijo a periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.

La convocatoria a la consulta popular en Cuenca es de cumplimiento obligatorio, según las autoridades del Municipio.

Ecuador, un país productor de petróleo que enfrenta una crisis de liquidez, busca desarrollar su industria minera para diversificar su economía y las fuentes de ingresos del Gobierno mientras lucha para pagar una gran carga de su deuda externa.

"El principal efecto es la merma en la credibilidad internacional de Ecuador", dijo a periodistas el abogado de la Cámara de Minería del Ecuador, Andrés Ycaza.

"El financiamiento de las actividades de exploración a sabiendas de que puede haber estas obstrucciones en la etapa de explotación se va a volver muy difícil", agregó.

La Corte Constitucional había negado anteriormente tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban la prohibición de la actividad minera en toda la provincia, donde se ubica Cuenca, por errores técnicos en los cuestionarios.

El Ministerio de Energía no realizó comentarios de inmediato sobre la resolución.

Ecuador proyecta que este año las exportaciones mineras en el escenario "más pesimista" por la pandemia lleguen a unos 642 millones de dólares.