Más allá de los esfuerzos encabezados por el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, que abrió la discusión sobre cómo hacer minería a distintos sectores de la sociedad en el marco de la “Mesa Nacional Minera”, el año cierra como se inició: con fuertes cuestionamientos para el sector y un debate imposible en una de las 7 provincias que hoy prohíbe la actividad, buscando acercar posturas irreconciliables. 

Con la pandemia, se demoró la agenda pendiente y se impuso, como tarea urgente apenas fue declarada actividad esencial, la elaboración de protocolos para cuidar la salud de los trabajadores.

La distancia social dentro de los campamentos mineros y las dificultades vinculadas con los traslados de los trabajadores entre provincias demoraron la reorganización de las empresas, que aún no pudieron volver a trabajar al 100% de su capacidad y afrontaron mayores costos productivos, que en muchos casos se incrementaron a más del doble.

La minería volvió a la escena nacional, de la mano del debate por la zonificación en Chubut, que ya quedó postergado para 2021, a pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Arcioni por instalar el tema antes de terminar este año. 

La minería volvió a la escena nacional, de la mano del debate por la zonificación en Chubut

Ya son al menos tres las causas judiciales abiertas y se pretende que los legisladores traten el tema con esos asuntos estén resueltos.

Previo al COVID-19 también se había enfocado, de modo impensado, en las movilizaciones antimineras que resurgieron en Mendoza. Así es como se corre, una vez más, el eje central de la necesidad imperiosa de captar inversiones, para dar lugar a otra controversia, que si bien se circunscribe a un distrito, también puede tener afectaciones en todo el país. 

El coronavirus se sumó al recurrente destino de tener que dar pelea a los antimineros y terminó por inclinar la balanza hacia la inacción.

El Gobierno de Alberto Fernández tuvo que dejar de lado, una vez más la principal discusión que se planteó apenas asumió -incluso antes de ser electo, con la sola confirmación de las PASO, ya había asegurado ante mineros que era una prioridad- que apuntaba a la revisión de las retenciones de acuerdo a la envergadura de los proyectos.

Al inicio de la gestión, con la Ley 27.541 de Solidaridad se estableció que los derechos de exportación se iban a fijar en un 8% en vez del 12%, pero en los hechos, después la reglamentación se demoró y retrasó unos 10 meses la aplicación definitiva de ese nuevo porcentaje. Hasta octubre las mineras siguieron pagando el 12%.

Proyectos que podrían haberse iniciado no arrancaron todavía y aseguran sería porque este nivel de las retenciones no les conviene. Por otro lado, está claro que a los que más afecta es a los proyectos que están en plena producción. Los mismos no factibilizaron con el 12%, ni con el 8%. (...)