Desencadenado por los peores disturbios sociales en una generación, Chile acaba de elegir una asamblea que deja la redacción de una nueva Constitución en gran medida en manos de la izquierda, ya que la coalición gobernante no logró obtener el porcentaje necesario para ejercer el poder de veto. Tras la votación del fin de semana, las acciones, los bonos y la moneda del país cayeron, mientras que los futuros del cobre subían.

La composición de la Convención Constituyente deja a mineras como BHP Group y Anglo American Plc, vulnerables a normas más estrictas en materia de agua, glaciares, minerales y derechos comunitarios. La aplastante derrota del Gobierno también puede dar impulso a un proyecto de ley que crearía una de las mayores cargas fiscales en la minería mundial del cobre.

“Viendo como queda la distribución de los constituyentes está claro que se buscarán los mecanismos para una mayor repartición de los beneficios de la minería a la sociedad, y aumentarán la exigencias medioambientales respecto a una industria que se piensa, de manera a veces simplista, que es muy rentable y contaminante”, dijo Alejandra Fernández, directora de metales y minería de Fitch Ratings Inc.

La nueva Constitución podría incluir un lenguaje que aumente los requerimientos para las concesiones mineras y sus impactos ambientales, dijo Fernández. Las conversaciones probablemente se centrarán en que el agua se convierta en un bien nacional de uso público, lo que apunta a una revisión de los derechos de propiedad y a un aumento de las compensaciones por uso indebido, añadió. Cada año, la industria minera usa suficiente agua para abastecer el 75% de las necesidades del país, según McKinsey & Co.

Aun así, las mineras ya han comenzado a trabajar en sus huellas de carbono y en su compromiso con la comunidad. La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, prevé que la industria satisfaga una mayor parte de sus necesidades de agua mediante la desalinización en los próximos años, y las empresas se están cambiando a la energía renovable y empezando a recurrir al hidrógeno verde como una forma de sustituir el diésel.

Los posibles cambios legislativos y regulatorios se producen en medio de un repunte de los metales que ha generado ganancias récord. Para los defensores de un proyecto de ley que grava las ventas del cobre con tasas de hasta el 75% cuando los precios superan los US$4 la libra, las empresas deberían destinar una mayor parte de las ganancias inesperadas del metal a rectificar los persistentes desequilibrios económicos y sociales de Chile.

Si bien las ganancias extraordinarias podrían aliviar las regulaciones más estrictas para los productores, los altos precios de los metales también ayudan a explicar el aumento en el nacionalismo de los recursos, especialmente en un momento en que la pandemia está agravando las desigualdades en los países en desarrollo.

A pesar de las tensiones sociales y políticas, sigue habiendo posibilidad de negociación, según el analista Mariano Machado de Verisk Maplecroft. Las distintas facciones podrían buscar modificaciones al proyecto de ley de regalías mineras a cambio de cambios en los derechos de agua, por ejemplo.

“Nadie tiene hoy el suficiente crédito para liderar este proceso, pero al mismo tiempo nadie tampoco tiene suficiente crédito para obstaculizarlo”, dijo Machado. “La política de la vieja escuela y la nueva política tienen que seguir forjando una relación”.

Los vientos en contra que enfrentan las minas chilenas también son parte de la historia alcista del cobre. El metal ha duplicado su valor en el último año, en parte debido a la preocupación de que la oferta no pueda satisfacer la creciente demanda de las materias primas necesarias para la transformación de energía limpia.

Los enormes yacimientos de pórfidos y las grandes entradas de inversión extranjera desde el regreso de la democracia han convertido a Chile en el principal proveedor del mundo.

Pero la ley del mineral chileno ha disminuido de forma sostenida en los últimos años. Esto significa que se debe extraer más volumen, e invertir más dinero, para producir la misma cantidad de metal. La empresa estatal Codelco, formada por minas nacionalizadas estadounidenses en la década de 1970, gastan decenas de miles de millones de dólares solo para evitar que su producción caiga.

Sin duda, el proceso constitucional durará un año y las mineras extranjeras tienen acuerdos de estabilidad que las protegen de los cambios fiscales hasta al menos 2023. Pero mientras dure el debate, es posible que se muestren reticentes a dar luz verde a grandes nuevos proyectos.