A contrarreloj, la Secretaría de Energía comenzó a difundir el último borrador del proyecto de ley para fomentar la producción de gas y petróleo. La idea que tienen en la cartera que dirige Darío Martínez es que, si todo sale bien, esté aprobada en el Congreso a mediados de septiembre, momento en el cual las petroleras internacionales hacen sus pedidos de presupuesto para el año próximo a las casas matrices.

Sin embargo, las expectativas no son muy optimistas. Por un lado, dado el ritmo que mostró este Gobierno para tomar decisiones, son pocos los que creen que el proyecto ingrese pronto en el Congreso y sea aprobado de manera express en Diputados y en el Senado. Sobre todo, cuando se trata de un sector estratégico para el país, en el cual dentro del oficialismo hay puntos de vista distintos.

En segundo lugar, persisten las diferencias entre el Poder Ejecutivo e YPF sobre la letra final del texto. Se publicó un borrador del proyecto que sería muy parecido al texto final, según admitieron en la Secretaría de Energía. La petrolera con control estatal, sin embargo, dice que ese “no es el proyecto”.

En los últimos días, Ariel Kogan, el colaborador más estrecho de Martínez y encargado de elaborar el proyecto de ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas, se reunió con todas las empresas, los ministros de Energía provinciales y los gremios del sector para hacer una ronda de consultas. El apuro por acelerar el proyecto fue tal que los encuentros se realizaron en un mix de manera presencial y virtual durante todo el último fin de semana.

Previamente, se buscó tener el visto bueno del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía Martín Guzmán, de quien depende la cartera energética.

A pesar de toda la expectativa que generó el proyecto, las empresas que accedieron al texto dicen que “tiene sabor a poco” y que es muy “mezquino”, ya que solo se autorizan exportaciones de petróleo en firme (ininterrumpibles) por el 20% excedente de producción, el resto está atado a la demanda que tenga el mercado interno. De ese 20%, se autoriza a usar como libre disponibilidad el 50% de las divisas que se generan.

A principio de mes, se había filtrado otro borrador que tenía condiciones más auspiciosas para las empresas: se permitía exportar en firme el 50% del excedente, y todos los ingresos generados por esas ventas al exterior eran de libre uso.(...)