Según la Agencia Internacional de Energía se estima que la demanda de litio se incrementará entre 13 y 51 veces hacia 2040, por un aumento sostenido, ya que es un insumo insustituible -hasta ahorapara la producción de baterías de ion de litio, que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables.

Los 19 proyectos litíferos con mayor avance en el país se distribuyen en tres provincias del NOA: tres en Jujuy, cuatro en Catamarca y once en Salta. Pero solo dos se encuentran actualmente en producción.

A mediados de 2022, la capacidad instalada en la Argentina rondaba las 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (t LCE). Esta cifra podría multiplicarse entre tres y siete veces con la puesta en marcha de nuevos proyectos y ampliaciones.

Para Víctor Delbuono, economista e investigador del Área de Recursos naturales de Fundar, estamos frente a una gran oportunidad.

“Poniendo en marcha estos nuevos proyectos y expandiendo las dos operaciones actuales nos puede llevar a un escenario de 255.000 toneladas para 2026, que ubicaría al litio entre los primeros complejos exportadores del país. Depende del precio que uno tome, porque son insumos muy volátiles, se puede hablar de entre 5.000 y 19.000 millones de dólares de exportaciones adicionales por el país”, advirtió.

Uno de los factores que podrían explicar un aumento de la inversión en la Argentina se encuentra la ventaja relativa que ofrece el régimen de concesiones respecto de Chile y Bolivia y el menor costo operativo de la producción a partir de salmueras frente a otras fuentes alternativas (pegmatitas, arcillas, etc.), lo que le da cierta ventaja relativa frente a otros productores como Australia.

Sin embargo, un doble informe de Fundar, el centro de estudios y diseño de políticas públicas que promueve una agenda de desarrollo sustentable e inclusivo para la Argentina, alertó por los problemas para desarrollar la industria del litio.

El primero de los documentos aborda las tensiones y los problemas de coordinación específicos que surgen del régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que plantea problemas específicos para el diseño y la implementación de políticas orientadas a promover el desarrollo de capacidades en torno del recurso. (...)