La medida se toma porque se constató la presencia de “metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, así como cianuro, en concentraciones que superan los límites máximos permisibles” en los ríos Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca hidrográfica Puyango-Tumbes, así como contaminación en la cuenca del río Napo.

“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas. No vamos a permitir que actividades clandestinas sigan destruyendo el patrimonio natural en la Amazonía y el sur del país”, afirmó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

En el caso de Napo, la ministra indicó que buscan también “establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación”, por lo que la suspensión estará vigente hasta que “se arreglen los temas mineros documentales” y se realice una reparación y restauración del río Napo. “Con esto quiero decir que van a ser muchos años, indefinidamente”, añadió.

Mientras que en el caso de las plantas de beneficio, que procesan los minerales provenientes de las minas, Manzano señaló que la suspensión se da en algunos casos en forma de prevención y en otros porque han detectado presuntas irregularidades en las descargas.

El ministerio dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones, monitoreos de la calidad de agua y procedimientos administrativos sancionatorios en las tres provincias, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua y con el respaldo de las fuerzas de seguridad.

“Acciones que buscan interceptar la minería ilegal, suspender operaciones irregulares, decomisar maquinaria y material mineralizado, y evitar nuevos daños ambientales en las zonas identificadas”, añadió la cartera de Estado.