En mayo de 2022 la Corte Suprema había rechazado acoger demandas de comunidades y ambientalistas contra el proyecto, una última instancia judicial antes de que fuera revisado por el comité de gobierno.

Boric ya había manifestado abiertamente su oposición a la iniciativa minera de 2.500 millones de dólares.

El comité -integrado por los ministros de Minería, Agricultura, Energía, Economía, Salud y presidido por la cartera de Medio Ambiente- no forma parte del servicio de evaluación ambiental chileno pero tiene potestad para conocer y revisar resoluciones ambientales, entre otras facultades. (Reporte de Fabián Andrés Cambero, escrito por Natalia Ramos)