El padecer de esas multinacionales –que integran la cúpula de las 500 firmas con mayor facturación en el país– comenzó en octubre del 2011. Fue pocas horas después de las elecciones presidenciales que le dieron al oficialismo el respaldo de más del 54% de los votos: un decreto del Poder Ejecutivo obligó a las mineras a liquidar en el país las divisas obtenidas por las exportaciones y a partir de allí les pisaron la posibilidad enviarlas al exterior.

El Banco Central empezó a levantar el pie recién un año después, cuando comenzó a autorizar los pedidos de las mineras. Para ese momento se había frenado la remisión por casi dos años. Eso se traducía en unos u$s900 millones que habían surgido de exportaciones por más de u$s5.000 millones anuales.

Ese crecimiento ubicó al sector en el quinto puesto del ranking de complejos exportadores. Las autorizaciones empezaron a funcionar como moneda de cambio para las mineras que fueron avanzando en los procesos de sustitución de importaciones que se pusieron en marcha también a fines del 2011.

El mecanismo integró, con el monitoreo estatal, a los proveedores con las grandes firmas. Y el esquema está apoyado en un seguimiento cruzado que permite conocer si las multinacionales pueden reemplazar alguna maquinaria o repuesto local pero siguen importando. Si eso ocurre, la remisión de utilidades se traba, pero si aumentan la integración de piezas locales el sistema se aceita.

Sin embargo, la necesidad de cuidar el frente externo sigue por encima de los compromisos de las empresas mineras con sus inversores y, pese a la queja y las amenazas de frenar los procesos de inversión previstos, el sector encabezó los envíos de divisas en el último trimestre: remitió el 30% de los u$s366 millones girados entre abril y mayo pasados.