El alza coincide con un mes complicado para el público, cuando todavía no se cerraron la mayoría de las negociaciones paritarias y cuando están por recibirse las facturas por el servicio eléctrico ya con la totalidad del ajuste resuelto a partir del 1 de febrero. También cuando las temperaturas de invierno se registran ya desde hace una semana, anticipando consumos propios de junio, lo que adelantará el alto impacto de la suba en las tarifas de gas, que se esperaba sentir recién desde julio o agosto.

Al autorizar el aumento, el Gobierno además parece desafiar a la concentración sindical del viernes donde el propio Hugo Moyano criticó en su discurso que se dispusiera otro ajuste en los combustibles. La medida además preocupa a los dueños de las estaciones de servicio, que prevén que se acentuará la caída de las ventas y a los que la decisión oficial tomó de sorpresa porque desde el Ministerio de Energía prometieron que no habría más aumentos este año y que de haberlo, no sería antes de agosto.

Curiosamente ningún funcionario salió en esta oportunidad a explicar la causa del ajuste. Según una interpretación lineal, podría decirse que desde diciembre hubo una devaluación del peso del 50% y que las refinerías compran el petróleo a precios locales en pesos pero según el tipo de cambio oficial. Sin embargo, desde enero el valor local del petróleo bajó alrededor del 12% y se ubica hoy entre u$s 55 y u$s 66, por encima de las cotizaciones internacionales, pero por debajo de los precios de 2015.

Las refinerías que no tienen crudo propio son Shell, Oil y en menor medida Petrobras y Axión. Según las apreciaciones del Ministerio de Energía, por las ganancias percibidas en 2014 y sobre todo en 2015, Shell y Axión, de Bridas (grupo Bulgheroni y la china CNOCC), estaban en condiciones de absorber la diferencia en el tipo de cambio con un aumento al público del orden del 17% que debía producirse en dos partes, entre enero y marzo. Los mismos funcionarios reconocieron más dificultades para Oil, Petrobras y para YPF, que cubre más del 55% del mercado de combustibles, y esto último por los costos que tiene y por el endeudamiento de la petrolera reestatizada.

Sin embargo, los aumentos autorizados superaron ampliamente las expectativas del ministro Juan José Aranguren y dejaron al descubierto que la cartera de Energía no es la única que decide sobre este tema. Todo indicaría que la situación de YPF fue la que impulsó esta última suba y que no es casualidad que el aumento se haya dispuesto apenas asumida la nueva conducción, encabezada por Miguel Gutiérrez y por Daniel González, exdirector financiero en la etapa de Miguel Galuccio y ahora gerente general de la compañía hasta que se designe un titular definitivo en ese cargo.

Según lo que se sabe, Gutiérrez y González, cada uno por distintos motivos, guardan una estrecha relación con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y éste pretendería tener un rol más protagónico en lo que se refiere al futuro de YPF, aunque todavía es difícil diferenciar si se trata de dos visiones o de ganar espacios políticos desde la empresa de mayor facturación de la Argentina.

Un dato cierto es que YPF sólo compra a terceros un pequeño volumen de petróleo porque se autoabastece con el que produce en sus propias áreas. Esta ventaja económica debería darle espacio para tener los precios realmente más bajos en los combustibles al público. Pero con el argumento de que al ser la predominante en el mercado no podía fijar valores tan inferiores que hicieran caer a las competidoras, la petrolera, tanto en el Gobierno anterior como en éste, terminó financiándose con precios al consumidor vinculados con la cotización del dólar. (...)