Un pequeño derrame de hidrocarburos, no declarado en tiempo y forma puede tener distintas lecturas: falta de control estatal, irresponsabilidad ambiental y/o jurídica de la empresa. Durante el 2015 los organismos encargados de fiscalizar los yacimientos de la provincia encontraron muchas anomalías.

El escenario es complejo y los recursos que emplea el Estado para poder monitorear esta actividad, acotados. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro (Mayds) destina sólo 9 inspectores al área de hidrocarburos. Para la región de Catriel, que es donde se encuentra la mayor producción de petróleo y gas en la provincia, uno solo. En total, hay 9 personas para controlar más de 4.500 pozos en producción distribuidos en más de 20.000 kilómetros cuadrados. Ocho de estos inspectores se encuentran en la delegación de Fernández Oro.

La mayor parte del presupuesto de la Secretaría se destina a salarios. Las autoridades del área se negaron a dar información sobre las partidas que reciben y como se distribuye para realizar los controles.

Hasta fines de marzo la inspectora que opera en Catriel no tenía medios de movilidad para llegar a los yacimientos y todavía se encuentra trabajando en una pequeña oficina de Edhipsa, otra empresa provincial que se encarga de fiscalizar los yacimientos pero con el foco en la producción.

Voces oficiales y extraoficiales aseguran que el derrame en las instalaciones del yacimiento de Agua Salada que tiene Tecpetrol fue una "excepción" y que en general las empresas denuncian. "Todos los días hay derrames de petróleo. Pueden ser pequeños o grandes, pero siempre hay. Por lo general son denunciados", explicó una fuente oficial que pidió mantenerse en el anonimato.

En ese sentido, la Licenciada en Ambiente, Judith Jiménez, titular de la delegación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable Alto Valle, ubicada en Fernández Oro, explicó que "en las empresas están cumpliendo el plan de remediación".

Una fuente estatal confió que en el último semestre del 2015 los controles eran mínimos. También aseguró que hay una precarización laboral en el sector. "Los inspectores están contratados por un convenio anual y deben inscribirse al monotributo para facturar al Estado", reveló la fuente.

"Río Negro" intentó tomar contacto con la ingeniera en Recursos Naturales que trabaja en Catriel, pero no quiso dar declaraciones.

La Secretaría de MAyDS no solo fiscaliza los pozos, sino toda la industria hidrocarburífera. Si bien todas las fuentes oficiales aseguran que "se hacen muchos" controles, la cantidad de recursos en relación al número de pozos lo hace temporalmente complejo: hay un inspector cada 500 pozos. Otra carencia en materia de fiscalización es la falta de inspecciones sobre los procesos de inyección. Las empresas deben respetar una serie de normas para poder disponer de efluentes. Pero muchas no las respetan. Actualmente no hay inspectores del DPA en Catriel que recorran los yacimientos y controlen los recursos hídricos.

Fuente: Diario Río Negro

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