Ésta se basa, fundamentalmente, en la afectación que la minería, sobre todo la que se ejecuta a cielo abierto, produce en el medio ambiente, lo que estos grupos denominados ambientalistas juzgan como excesiva e irreparable.

Las críticas, además, apuntan al escaso impacto económico de los mega emprendimientos en la economía local.

La resistencia mencionada es la que, en algunos casos, provoca que la minería no goce de lo que habitualmente se denomina “licencia social�, que es el respaldo “intangible�, y consecuentemente difícil de mensurar, que la actividad recibe por parte de la comunidad en la que se desarrolla.

Se trata de que las empresas procuren establecer relaciones armoniosas con las poblaciones que habitan en las zonas aledañas, a los fines de que la comunidad perciba que sus intereses están atados a la suerte de la empresa y la actividad en general.

La licencia social es siempre dinámica. En el caso de nuestra provincia, la gran minería se inició, promediando la última década del siglo pasado, con una elevada licencia social, pero ésta fue resintiéndose por la acción de grupos ambientalistas y porque la comunidad local, por un déficit en parte atribuible a los gobernantes locales, no pudo ver traducido en obras el excepcional ingreso de recursos –calculado en miles de millones de dólares desde el inicio de las operaciones extractivas- que implicó la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.

Lo que sucede en Catamarca tiene réplicas en casi todos los lugares donde la gran minería ha adquirido cierto grado de desarrollo. Es por esta razón que las empresas agrupadas en la Cámara Argentina de Empresarios Mineros han consensuado un proyecto que tiene como propósito central lograr la aceptación social.

La iniciativa, que ya fue presentada al Papa Francisco, contempla, entre otros ítems, la creación de un Observatorio de la actividad que les permita, por un lado, mejorar la relación con la comunidad y sus organizaciones, sobre todo las que se muestran contrarias a la actividad, y por el otro generalizar estándares para una minería sustentable, lo que denomina “amigable con el ambiente y la sociedad�.

Además, las empresas buscan generar los mecanismos que aseguren la creación de empleo genuino a partir de la minería y una mayor industrialización de los productos obtenidos. Al observatorio lo integrarían, además de las mineras, la Iglesia católica, otros cultos con presencia en el medio, organizaciones y entidades civiles y representantes de pueblos originarios.

Se trata, por cierto, de una iniciativa madura y responsable del sector privado, que percibe claramente la necesidad de remover obstáculos, muchos de ellos en el plano de la subjetividad. Sería provechoso observar el mismo ímpetu por el lado del sector estatal, que tiene aún mayores responsabilidades en la tarea pendiente de lograr que la minería se convierta, definitivamente, en una actividad sustentable y promotora de desarrollo genuino.