Se trata de una mesa de diálogo que se reúne por primera vez con el aliento del ministro Marcos Zandomeni, a la par de que en la Legislatura ya se presentó un proyecto para reformar la ley 7722, que regula la actividad en la provincia, a la que empresarios y gremio guiñan favorablemente.

La cuestión minera ha vuelto a instalarse en la agenda pública. Los malargüinos Juan Agulles -intendente- y José Muñoz presentaron hace una semana  un proyecto de ley para destrabar varios emprendimientos que con la actual normativa no podrían desarrollarse. A su vez, el gobernador Francisco Pérez inauguró hace días una inversión millonaria con la planta Kanuf en Luján.

Circunstancias que se han dado mientras ocurren cuestiones laterales pero relacionadas políticamente. Por un lado, el Gobierno provincial milita a través de Irrigación la modernización de la ley de aguas ante un sector que resiste precisamente el desarrollo de la minería, el agro. Paralelamente, el ministro Guillermo Elizalde busca también poner en práctica el ordenamiento territorial a través del sectorial minero.

Esta mesa de diálogo minero se viene reuniendo todos los lunes en el Centro de Geólogos desde hace 4 meses. Allí se sientan a buscar posiciones encontradas los metalúrgicos de Asinmet; el gremio minero de Aoma; la Cámara de Servicios Mineros -Casem-; los empresarios mineros -Camet- y el Gobierno provincial, representado por el ministro de Energía, Marcos Zandomeni. Lo primero fue ordenar una agenda con una prioridad: la necesidad de cambiar la aceptación social de la minería, una industria que engloba varias ramas pero que suele generalizarse en la metalífera.

"Tratamos de explicar el tema minero para salir en los próximos meses para que se sepa qué es la minería, porque se ha escuchado una sola campana", explicó Juan Carlos Ortiz, titular del gremio minero. "Tenemos una agenda variada, para armar un plan minero a fin de año", explicó a su vez Carlos Ferrer, de la cámara de proveedores. En esa agenda, se incluye la declaración de emergencia en la Legislatura. El objetivo del sector es motorizar las declaraciones de impacto ambiental demoradas y que deben ser tratadas por los legisladores. En esa línea, "estamos buscando darle otro enfoque y el tratamiento serio del tema", sostuvo Ferrer.

Ortíz es uno de los que traduce una postura favorable hacia la reforma parcial de la ley 7722. "Hay que ver cómo hacemos para que quedemos todos conformes. Hablan de proyectos que se puedan trabajar y sacarlos fuera de los márgenes de los ríos, así que puede ser", indicó el titular de Aoma. Ortíz

hace referencia a la posibilidad de que el agua utilizada no sea la de Mendoza -como la reconversión del proyecto San Jorge, donde se llevaría el material extraído para concluir el proceso en San Juan, con una gestión más amigable con la minería-. El minero también señala que con esa reforma puede incluso utilizarse el agua no utilizada de Potasio-Río Colorado para reactivar el emprendimiento abandonado por la minera brasilera Vale.  También el sector ya prepara un proyecto propio, según indicó Ferrer, para reformar la 7722 y dar cabida a otros emprendimientos que hoy no tienen lugar.

Zandomeni: "No es el momento para reformar la ley"

En el Gobierno, la cuestión ha sido problemática para la gestión de Francisco Pérez. En la campaña de 2011, Pérez como candidato pidió a los legisladores oficialistas no darle el visto bueno a San Jorge porque afectaría las chances electorales. Tres años después, Pérez creó el ministerio de Energía a cargo de Marcos Zandomeni y, cada tanto, filtra la necesidad de abrir el juego para ampliar la matriz productiva de la provincia.

Zandomeni despegó al Gobierno de la reforma. Además destacó que no es el momento oportuno para tratar de reformar la normativa. "Como ministro de Energía, no es el momento más indicado. Cualquier proceso de modificación necesita de un proceso de participación social", explicó en función de un consenso social siempre complicado.

En la primera semana de junio, Zandomeni visitó Malargüe. Allí se entrevistó con los empresarios que le pidieron por más apoyo a los emprendimientos hidrocarburíferos y también mineros. "Malargüe implora por la minería para su futuro”, dijo en ese momento el ministro. La realidad económica del departamento más sureño también incide en la presentación, sobre todo después del abandono de la brasilera Vale por las condiciones macroeconómicas del país.

Mientras se espera que la Suprema Corte llame a una audiencia pública por los pedidos de inconstitucionalidad de la ley creada por Jorge Difonso, Zandomeni también hizo hincapié en el costo financiero que podría implicar para la provincia la ratificación de la norma. "Es mucho dinero lo que va a tener que pagar el Estado por no permitir desarrollar las actividades", aseguró el funcionario.