Cabeceras de cuenca, humedales, bosques secos, lomas costeras y otros ecosistemas que no cuentan con una categoría oficial de protección podrían quedar expuestos a explotación minera si prospera el pedido de facultades legislativas del Gobierno de Keiko Fujimori. La Exposición de Motivos del proyecto propone una serie de cambios para acelerar inversiones mediante la reducción de plazos, la aprobación automática de determinados instrumentos ambientales y la flexibilización de mecanismos de evaluación.

Aunque el documento mantiene restricciones para proyectos ubicados en Áreas Naturales Protegidas (ANP), territorios de pueblos originarios y zonas arqueológicas, la propuesta no contempla la misma protección para otros ecosistemas vulnerables ni para comunidades que aún no cuentan con reconocimiento oficial. Cabe resaltar que, en la Amazonía peruana, cerca de 20 millones de hectáreas de territorios indígenas no tienen reconocimiento legal o seguridad jurídica.

Además, la norma limitaría la participación de organismos técnicos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en los procesos de evaluación ambiental.

Uno de los cambios más relevantes propone aprobar de manera automática los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) que se encuentren fuera del ámbito del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El documento señala que este mecanismo podrá utilizarse siempre que el proyecto no se ubique ni se superponga con Áreas Naturales Protegidas (ANP), territorios de pueblos originarios o zonas con restos arqueológicos.