Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones espec铆ficas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protecci贸n de ecosistemas marinos y terrestres, la gesti贸n de residuos, la prevenci贸n de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las 谩reas intervenidas. Adem谩s de las inspecciones en obra, el gobierno provincial supervisa los procesos de recomposici贸n ambiental en los sectores afectados por la construcci贸n de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos. 

Mediante la construcci贸n del gasoducto Tratayen-San Antonio Oeste (a cargo de Mat铆as Pipeline S.A) se busca abastecer a las exportaciones de GNL, en el marco de un proyecto impulsado por Southern Energy (SESA), un consorcio integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energ铆a, Harbour Energy y Golar LNG. Hace pocos d铆as, el Ministerio de Econom铆a de la Naci贸n public贸 la Resoluci贸n 873/2026, donde se anunci贸 de manera formal el ingreso del gasoducto al R茅gimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), para el cual se estima una inversi贸n de 1.300 millones de d贸lares. El proyecto atraviesa dos provincias, conectando Tratay茅n en Neuqu茅n con San Antonio Oeste en R铆o Negro. 

Tambi茅n se contempla la construcci贸n de infraestructura clave para que la costa rionegrina se consolide como un punto estrat茅gico de exportaci贸n de GNL, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte log铆stico en el Puerto San Antonio Este. Desde la Provincia se asegur贸 que las obras son parte de sus pol铆ticas orientadas a potenciar el sector energ茅tico, combinando "nuevas inversiones, generaci贸n de empleo, desarrollo de proveedores locales y protecci贸n de los recursos naturales" que distinguen al Golfo San Mat铆as y a toda la costa rionegrina. En ese sentido, se se帽al贸 que el esquema de fiscalizaci贸n "se apoya en tres pilares": control integral durante todo el ciclo del proyecto, participaci贸n ciudadana en los procesos de evaluaci贸n ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.