
La decisión busca acelerar la producción incremental en Vaca Muerta, pero también abre una discusión de fondo sobre costos, competitividad y el rol de las provincias en la nueva etapa del desarrollo hidrocarburífero.
La última semana dejó una definición política de peso para Vaca Muerta. El Gobierno nacional habilitó la posibilidad de que las inversiones en upstream no convencional —petróleo y gas— puedan encuadrarse dentro del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), una demanda que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, venía planteando de manera explícita en sus conversaciones con el Ministerio de Economía y que formalizó públicamente tras reunirse con Luis Caputo .
El pedido no fue menor. Desde su lanzamiento, el RIGI estuvo pensado como una herramienta orientada principalmente a proyectos de gran escala en infraestructura, minería y energía con fuerte perfil exportador, como el GNL, los oleoductos o los desarrollos mineros metalíferos. El upstream hidrocarburífero, aun siendo el corazón productivo de Vaca Muerta, había quedado en una zona gris. La habilitación ahora confirmada introduce un cambio de enfoque: reconocer que la producción incremental de shale también requiere horizontes largos, estabilidad normativa y reglas fiscales claras para sostener inversiones intensivas en capital.
El planteo de Figueroa tuvo un argumento central: sin incentivos de largo plazo, el ritmo de crecimiento de Vaca Muerta corre el riesgo de desacoplarse de las necesidades macroeconómicas del país. Neuquén aporta hoy la mayor parte del crecimiento de petróleo y gas, sostiene el superávit energético y explica buena parte de las exportaciones adicionales. Incluir al upstream en el RIGI, según la visión provincial, permitiría acelerar proyectos que hoy se evalúan con cautela por el contexto de precios internacionales, los costos locales y las exigencias de financiamiento.
La respuesta de Nación fue leída en el sector como una señal de pragmatismo. En un escenario de caída del precio internacional del crudo y con un mercado financiero aún selectivo, el Gobierno optó por ampliar el alcance del régimen antes que limitarlo. La habilitación no implica un cheque en blanco: los proyectos deberán demostrar generación incremental de producción, compromisos de inversión concretos y un perfil exportador que justifique los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios previstos por el RIGI.
Este punto es clave. La discusión de los últimos días dejó en claro que el upstream que podría ingresar al régimen no es cualquier pozo ni cualquier desarrollo. Se trata de proyectos de escala, asociados a nuevos pads, ampliaciones relevantes de producción o iniciativas que estén directamente vinculadas a la evacuación de crudo y gas hacia mercados externos. En otras palabras, el RIGI se convierte en una herramienta selectiva para empujar un “salto de volumen” y no para subsidiar la operación corriente .
La decisión se da, además, en un contexto cargado de señales cruzadas para la industria. Mientras algunas operadoras reforzaron su acceso al financiamiento —con colocaciones exitosas de deuda y contratos de largo plazo—, otras recalibraron su exposición en proyectos de GNL o ajustaron planes ante la baja de precios. En ese tablero, el mensaje político de Nación y Neuquén busca reducir incertidumbre y mejorar la ecuación de riesgo-retorno de Vaca Muerta frente a otros plays no convencionales del mundo.
Para la provincia, el aval al pedido de Figueroa también tiene una lectura institucional. Neuquén consolida su rol como interlocutor central de la política energética nacional y refuerza la idea de que el desarrollo del shale no puede definirse exclusivamente desde Buenos Aires. El upstream, aunque sea inversión privada, impacta en empleo, regalías, infraestructura y licencia social en el territorio. Incluirlo en el RIGI obliga, en los hechos, a una coordinación más fina entre Nación y provincias.
Hacia adelante, el debate recién empieza. La reglamentación fina será determinante para saber cuántos proyectos efectivamente califican, qué beneficios concretos obtienen y cómo se compatibilizan esos incentivos con los esquemas existentes de regalías y compromisos provinciales. También emergerá una discusión inevitable: si el upstream accede al RIGI, otras actividades de la cadena —servicios, midstream, industria asociada— reclamarán condiciones similares para no quedar desalineadas .
La semana cerró, así, con una señal clara: Vaca Muerta vuelve a estar en el centro de la agenda económica nacional, no solo por lo que ya produce, sino por lo que el Estado espera que produzca en los próximos años. La inclusión del upstream en el RIGI redefine el marco de juego. El desafío será convertir esa habilitación política en inversiones reales, producción incremental y divisas, sin trasladar nuevas tensiones al territorio ni a la ya exigida infraestructura del shale.
Fuente: ADN Sur
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