"El presidente Alberto Fern谩ndez nos encarg贸 como objetivo cardinal en materia de servicios p煤blicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", subray贸 Bernal. 

El funcionario destac贸 que "a partir de la decisi贸n del Presidente plasmada en el decreto 1020/20, se inaugur贸 en la Argentina una nueva etapa del servicio p煤blico de gas por redes", y afirm贸 que "con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio p煤blico de gas por redes asciende como derecho social, garant铆a de derechos humanos". El titular del ente regulador consider贸 que "el significado, concepto y alcance t茅cnico-jur铆dico de servicio p煤blico, no debe estar sujeto a la libre interpretaci贸n u opini贸n de funcionarios, como sucedi贸 a帽os atr谩s". 

Advirti贸 que "cuando aparece la libre interpretaci贸n peligra nada m谩s ni nada menos que un derecho social promotor y protector de derechos humanos de los argentinos, como efectivamente sucedi贸 entre 2016 y 2019, donde no solo peligraron, sino que fueron directamente avasallados". Tambi茅n record贸 al ex ministro de Energ铆a Juan Jos茅 Aranguren cuando expres贸 p煤blicamente: "No estoy de acuerdo con que la energ铆a sea un derecho humano. El mayor derecho humano que se le puede dar a una persona es la posibilidad de tener trabajo que permita pagar ese servicio". 

Al respecto Bernal puntualiz贸 que "los salarios reales del empleo privado registrado se desplomaron 17% entre fines de 2017 y fines de 2019; y los del empleo p煤blico, cayeron 18%", y precis贸 que "se perdieron, solamente en el primer a帽o, 300.000 empleos". "En paralelo, la tarifa social perdi贸 800.000 beneficiarios y beneficiarias, es decir, se quedaron sin este programa social m谩s de 2,5 millones de personas", afirm贸 el funcionario. Cuestion贸 los dichos de Aranguren de que "acceder a un servicio p煤blico, que es un derecho social garantizado por la Constituci贸n Nacional y fundamental para la concreci贸n de derechos humanos, deba depender de la capacidad de pago del usuario o la usuaria". 

Bernal sostuvo que "no puede ser susceptible de libres interpretaciones la protecci贸n, el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constituci贸n Nacional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarqu铆a constitucional, uno de los cuales es, precisamente, el servicio p煤blico de gas por redes". 

Adem谩s remarc贸 que "la salud energ茅tica de una naci贸n no es la salud de la balanza comercial energ茅tica ni pasa por la capacidad exportadora de energ铆a", y afirm贸 que "la salud energ茅tica de una naci贸n es la salud energ茅tica de su pueblo". "Y cuando a la energ铆a y sus servicios p煤blicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energ茅ticamente hablando, como se lo enferm贸 recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (m谩s de 9 millones de personas) en apenas tres a帽os", puntualiz贸 el interventor del Enargas. 

Asegur贸 que "no hay vivienda digna sin servicios p煤blicos accesibles y asequibles, ni c贸mo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles". Tambi茅n se帽al贸 que en el caso de la salud, "bajo un techo sin energ铆a, en invierno nos morimos congelados, y cualquier d铆a o noche fr铆os, nos enfermamos". "Sin energ铆a, no hay c贸mo estudiar, c贸mo prender una computadora, c贸mo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ning煤n tama帽o, no hay producci贸n", remarc贸 Bernal. Indic贸 que "sin todo esto, es decir, sin mercado interno, la Argentina retorna a un estadio de su evoluci贸n entre una colonia y un Estado Naci贸n soberano, lo que en la jerga cient铆fica se denomina semicolonia". 

En ese sentido, puso como ejemplo que "nunca antes desde principios de los noventa, se desconectaron del servicio p煤blico pymes como efectivamente ocurri贸 entre 2016 y 2019: m谩s de 13.000", y concluy贸 que "esto no es un proyecto de pa铆s".