La crisis macroeconómica desatada en 2018 perjudicó a los proyectos e impidió que el Estado avance. El diseño original del programa RenovAr habilitó a que compañías aventureras especulen e impulsen el precio de la energía licitada a la baja.

Las cuatro licitaciones del programa RenovAr, un plan elaborado por el gobierno de Mauricio Macri para impulsar las energías renovables, dejó hasta el momento 91 proyectos sin construirse como consecuencia, en gran medida, de la crisis económica desatada en 2018 en el país. En total, suman alrededor de 1.000 MW (aunque podrían ser más) que el Estado adjudicó para habilitar parques de generación con prioridad para inyectar energía renovable en el sistema eléctrico nacional.

La multa por cada MW no construido ascendía, según la regulación original, hasta los US$ 250.000, según los contratos PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) que firmaron las compañías adjudicatarias en las cuatro licitaciones que hubo del RenovAr. Es decir, los 91 proyectos que totalizan aproximadamente 1.000 MW no construidos deberían abonar US$ 250 millones en penalidades. Ese es el monto que el Estado tendría que recibir según las sanciones tipificadas en los contratos iniciales. Sin embargo, finalmente el Estado va a terminar recibiendo, en el mejor de los casos, menos del un 10% de ese cifra. (...)