El sector privado pide sumarse a la Mesa del Litio, el espacio integrado por funcionarios del gobierno nacional y los gobernadores de Jujuy, Salta y Catamarca que marca la hoja de ruta para el desarrollo de la explotación y la industrialización del litio en esas provincias. 

Fuentes del sector privado aseguraron que sin la participación de ellos “es solo una mesa política, de anuncios”, y les pidieron a los gobernadores participar. El debate de fondo está en cómo administrará el país la disponibilidad del 25 por ciento del total de las reservas de “oro blanco” del mundo. 

Luego de que los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta firmen un comunicado haciendo pública su posición acerca de la forma en que se deberían administrar las reservas de litio en el país en la última reunión de la Mesa del Litio la semana pasada, los esperaban en la puerta representantes de algunas de las empresas privadas que operan en Argentina. 

Era para manifestarles su disconformidad por el cambio de las “reglas de juego” dentro del sector minero, y solicitarles un lugar en la mesa que conformaron las tres provincias y de la que participan también la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación (SAE), con Mercedes Marcó del Pont a la cabeza, y la empresa YPF litio e Y-Tec. Desde el sector privado aseguran que el pedido de participar es para que deje de ser una “mesa de anuncios” y se debatan los problemas importantes del sector. Aseguraron que los gobernadores los escucharon y se mostraron dispuestos a recibirlos, e incluso propusieron que haya un representante del sector privado por provincia. 

Sin embargo, ante la consulta de PáginaI12 fuentes oficiales se manifestaron en contra de la propuesta: “En la mesa no creo. En las comisiones de trabajo seguramente en algún momento serán convocadas”, aseguró el secretario de Minería de Jujuy Miguel Soler. En el fondo, las empresas quieren participar de la mesa que hoy define la gestión de uno de los recursos más cotizados y con mayor proyección de demanda a nivel mundial, con abundancia en Argentina. El pedido llega luego de un enero de avances en materia de lo que desde el sector público remarcan como una decisión política para que el negocio no quede en manos de unas pocas firmas extranjeras y los privados llaman cambios de reglas de juego.