La jornada se desarrolló desde las 8 de manera virtual con el debate del análisis del servicio que presta la empresa Transener, que es operada por la empresa Pampa Energía, titular del 50% de la controlante Citelec junto al Estado nacional que, con el mismo porcentaje, lo hace a través de la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa-ex Enarsa). 

La transportadora que opera casi 14.500 kilómetros de líneas de alta tensión en todo el país planteó en la audiencia un incremento del 33% para 2021 y 22% para 2022 -contemplando el bienio de transición tarifaria propuesto por el Gobierno nacional- lo que suma un acumulado del 62%. Debido a que el transporte de la energía representa el 1,9% promedio del valor final de la factura de un usuario residencial, el incremento solicitado de acuerdo a las estimaciones de la empresa tendría un impacto en los usuarios finales de 0,6% o $ 6 para cada factura de $ 1.000. 

El representante de Transener, Pablo Fernando Tarca, dijo que de ese modo se podrán cubrir los gastos operativos, la masa salarial, las inversiones y el pago de impuestos, y aclaró que la variación de costos prevista por el ENRE para el bienio es de 60%, una diferencia de 2% con lo solicitado por la empresa por "ampliaciones de instalaciones que no estaban previstas en 2020". 

En la apertura, la interventora del ENRE anticipó en la audiencia que "en el período de transición se implementará una nueva metodología para los próximos dos años, con nuevas reglas para el reconocimiento de ingresos de las empresas transportistas". "Se garantizará que las empresas tengan los fondos necesarios para los gastos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones de seguridad y confiabilidad, mientras se acopla la política tarifaria a la recuperación económica", expresó Manín. La funcionaria también expuso sobre la auditoría realizada a la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de 2016, de la que reseñó que en el segmento regulado del transporte "las medidas tomadas estuvieron orientadas a subir los ingresos totales de las empresas, aún por encima de lo que podía surgir de aplicar variables de referencia en la economía". 

"La etapa 2016-19 estuvo signada por la reducción de subsidios y la dolarización de la energía, lo que llevó a fuertes subas tarifarias que debieron ser afrontadas por las personas usuarias, mientras que las empresas concesionarias recibían cuantiosas transferencias de recursos", aseveró Manin. Para Transener, ese proceso "se tradujo en un incremento de los ingresos de 266% en 2017 frente al año anterior", lo cual "no estuvo acompañado por una política de existencia de parámetros de mayor calidad", mientras que el avance físico de las inversiones presentadas por Transener en el plan 2017-21 fue de sólo 55% hasta el tercer trimestre de 2020. (...)