En un intento por reducir subsidios millonarios, el Gobierno analiza una nueva estructura para segmentar las tarifas de electricidad y gas en el AMBA, por la cual los sectores de mayor poder adquisitivo pasarían a afrontar el costo total del servicio, lo que representará un incremento del 80%.

Esa segmentación está siendo analizada por el equipo económico, y ya despertó polémicas y marchas y contramarchas, cuando el intento de aplicarla en el año electoral fue rechazado de plano por el kirchnerismo.

La necesidad de bajar los subsidios forma parte de la exigencia del FMI para sellar un acuerdo de refinanciamiento de deudas a diez años, de unos USD 45.000 millones que debe pagar la Argentina.

El Gobierno avanza con un plan de segmentación de tarifas para crear en principio tres categorías de usuarios.

Los hogares de mayor poder adquisitivo pasarían desde el 2022 a pagar la tarifa plena, lo cual implicaría aumentos de entre el 70% y el 80%. Los de ingresos medios mantendrían los subsidios pero los costos empezarían a tener una actualización en paralelo a la inflación.

Los más pobres, que representan dificultades para categorizar, terminarían pagando sólo la tarifa social.

Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, el esquema de tarifas es “pro-rico”, una calificación que no sería compartida por la vicepresidenta Cristina Kirchner, para quien el sistema de subsidios tarifarios siempre rindió políticamente.

Pero Guzmán sostiene que los subsidios constituyen una de las razones por las que la Argentina sigue asignando mal los fondos para desarrollar obras y permitir que crezca la inversión en energía. Los subsidios a la Argentina rondarán este año electoral los $ 900.000 millones -unos USD 9.000 millones-, nivel que, según Guzmán, será insostenible repetir en 2022.

Distintas consultoras vienen alertando que los subsidios crecen a un ritmo mayor que los ajustes a jubilados y los planes sociales.  (...)