La Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), a cargo de la elaboración del Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), confirmó que "ninguna empresa entregó el Informe de Impacto Ambiental solicitado".
El primer Índice de Transparencia de la Minería Argentina (ITMA), elaborado por la Asociación Civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD), evaluó 13 operaciones y proyectos de cobre, oro, plata y litio ubicados en Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz. El resultado general muestra una situación que merece atención: el 66% de las operaciones con puntaje presenta un desempeño insatisfactorio en materia de transparencia ambiental.
Los proyectos evaluados obtuvieron entre 25 y 72 puntos sobre 100, con un promedio de 50,7. De las 12 operaciones que recibieron puntaje final —Minera Manantial Espejo en Santa Cruz, quedó excluida por encontrarse en proceso de cierre—, cuatro alcanzaron un nivel alto, cinco un nivel medio y tres un nivel bajo, pero el dato más significativo del relevamiento no está necesariamente en el ranking, sino en la dificultad para acceder a información ambiental primaria.
Ninguna empresa entregó el Informe de Impacto Ambiental solicitado
Durante la investigación, ICD solicitó a las 13 operaciones evaluadas el envío de sus Informes de Impacto Ambiental (IIA). Ninguna de ellas remitió el documento.
La situación resulta particularmente relevante porque el IIA no es un documento accesorio dentro del proceso de evaluación ambiental. El informe de ICD recuerda que constituye la base técnica sobre la cual la autoridad provincial evalúa preventivamente los potenciales impactos de un proyecto y decide si corresponde autorizar, condicionar o rechazar una actividad.
Ahora bien, que una empresa no haya entregado el IIA ante una solicitud particular no significa, por sí mismo, que haya incumplido una obligación legal. La Ley 25.831 establece que la responsabilidad de responder solicitudes de información ambiental recae sobre las autoridades públicas. Las compañías, sin embargo, pueden facilitar voluntariamente la documentación relativa a sus propias actividades.
Fuente: Tiempo Sur
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