La ley que está vigente desde 2007 y que desde esa fecha espera por la resolución de su constitucionalidad, prohíbe el uso de sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería metalífera y establece que la declaración de impacto ambiental (DIA) de cada proceso extractivo debe ser ratificada por ley en la Legislatura. Los siete jueces del pleno de la Corte tienen ocho días hábiles cada uno para revisar el expediente, pero los primeros tres se tomaron menos tiempo y el texto ya está en manos del cuarto de los magistrados. Según destaca la publicación el primer juez en emitir su voto argumentar su posición fue Jorge Nanclares. Según fuentes judiciales, el segundo juez que tuvo el expediente fue Herman Salvini, más tarde hizo lo mismo Julio Gómez, y en la actualidad lo tiene Omar Palermo.

Posteriormente será el turno de Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y cierra el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, Mario Chabert, afirmó que existe el temor de que el derrame de cianuro ocurrido en la mina Veladero en la provincia de San Juan, pueda tener un efecto de presión sobre los jueces.

"Tememos que se haga una mala utilización del informe de la UNCuyo sobre el río Jáchal. No cuestionamos el informe, sino la interpretación que hacen de él los sectores antimineros y la presión que pueden generar sobre los magistrados", dijo el representante empresarial. Sin embargo, dijo, confía en el criterio de la Suprema Corte, agrega la publicación.

En agosto de este año, la Corte Suprema de Justicia de Mendoza rechazó la solicitud propuesta por el Procurador General para realizar una audiencia pública como instancia previa a la sentencia que el máximo tribunal.