En esta nota, todos los temas que quería modificar el gobierno en el sector energético y finalmente cayeron con el proyecto.

El proyecto de Ley Ómnibus que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso finalmente volvió a comisión en el tratamiento legislativo. Si bien fue aprobada en general, ahora el texto retornó a foja cero. El articulado tenía una seria de regulaciones y modificaciones para el sector energético que, ahora, quedaron en el camino. Ahora, con la caída del proyecto, queda fuera de juego, al menos por ahora, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), clave para el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsa YPF junto con la malaya Petronas. De este modo, por ahora el gobierno no podrá avanzar en modificaciones sobre hidrocarburos, privatizaciones, biocombustibles, emergencia tarifaria, entre otras.

El proyecto de Ley Ómnibus que impulsó el gobierno de Javier Milei en el Congreso finalmente volvió a comisión en el tratamiento legislativo. Si bien fue aprobada en general, ahora el texto retornó a foja cero. El articulado tenía una seria de regulaciones y modificaciones para el sector energético que, ahora, quedaron en el camino. Ahora, con la caída del proyecto, queda fuera de juego, al menos por ahora, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), clave para el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsa YPF junto con la malaya Petronas. De este modo, por ahora el gobierno no podrá avanzar en modificaciones sobre hidrocarburos, privatizaciones, biocombustibles, emergencia tarifaria, entre otras.

La Ley Ómnibus establecía una serie de 40 modificaciones sobre la normativa 17.319 que regula el sector de petróleo y gas desde 1967. Una de las principales modificaciones era el artículo 6, que cambiaba el histórico principio de autoabastecimiento que reguló la comercialización de hidrocarburos durante la última seis décadas.

Era un punto de quiebre en el paradigma de la regulación petrolera en la Argentina, dado que jerarquizaba la exportación de petróleo y gas como uno de los grandes objetivos de la política petrolera del Estado. La modificación de ese artículo incluso había generado una fuerte discusión interna en el seno de la industria, dado que no existió consenso entre las principales petroleras a la hora de ajustar la letra chica de ese artículo.

Finalmente, la última versión del proyecto de Ley establecía que “los permisionarios, concesionarios, refinadores y/o comercializadores podrían exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente, y sujeta a la no objeción de la Secretaría de Energía”, un texto que que más allá de los bemoles contaba con el beneplácito de los privados. Sin embargo, con la Ley Ómnibus fuera de la agenda del Congreso, se perdió la posibilidad de modificar la redacción original del artículo 6 de la Ley 17.319 que durante los últimos 20 años fue utilizado como una herramienta discrecional para intervenir sobre los precios del petróleo en el mercado interno, ralentizando la señal de inversión en los yacimientos argentinos. (...)