"Tal como lo hab铆a advertido desde junio de 2014, la Defensor铆a del Pueblo comprob贸 una vez m谩s los devastadores efectos de la miner铆a ilegal en el departamento del Choc贸", agreg贸 el texto.

El mi茅rcoles, la Corte Constitucional acept贸 una petici贸n de tutela interpuesta por comunidades de ese departamento, que demandaron al Estado colombiano por la muerte de 37 ni帽os por enfermedades presuntamente vinculadas al mercurio, insumo de la miner铆a.

La Corte orden贸 tambi茅n la investigaci贸n del impacto medioambiental de la miner铆a y la explotaci贸n forestal en la zona urbana y rural del municipio de Quibd贸 y la cuenca del r铆o Atrato y sus afluentes.

El Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, en representaci贸n de las autoridades ind铆genas y afrodescendientes de las comunidades afectadas por la contaminaci贸n de las aguas, expuso que 37 ni帽os murieron y 64 fueron intoxicados en la zona entre 2013 y 2014.

La investigaci贸n del alto tribunal, que solicit贸 la participaci贸n de expertos colombianos e internacionales, tiene la finalidad de "indagar sobre las condiciones de contaminaci贸n y obstrucci贸n del r铆o (Atrato) como consecuencia de la realizaci贸n de actividades de miner铆a y explotaci贸n forestal y si estas afectan los derechos fundamentales de las comunidades".

La Defensor铆a del Pueblo, que acompa帽a al colectivo en la demanda, lanz贸 en 2014 una emergencia humanitaria y alert贸 por la "cr铆tica situaci贸n de los derechos humanos en Choc贸 por el impacto de la miner铆a ilegal y los enfrentamientos entre grupos criminales".

Mientras que en el pa铆s la miner铆a legal represent贸 un 2,3% del PIB en 2012, seg煤n el estatal Departamento Nacional de Estad铆sticas (DANE), m谩s de la mitad de los sitios explotados son ilegales y fuente creciente de financiaci贸n de grupos armados irregulares.