Las modificaciones planteadas a la ley que prohíbe el uso de sustancias químicas (7.722) para la minería está generando un fuerte debate en la sociedad mendocina. El ámbito científico y académico también sumó aportes para ser tenidos en cuenta y pone el acento en lo que debería realizarse desde el Estado si se habilitara la actividad.

En ese sentido, se ubica el trabajo ¿Minería en Mendoza?. Aportes para la evaluación de la actividad minera en el marco de la sustentabilidad.

Este informe fue elaborado por el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Cuyo en el 2013 y marcó las directrices ante la controversia por instalación de la minera San Jorge en Las Heras para la extracción de oro que, finalmente, no logró el aval legislativo para su puesta en marcha.

A pesar de haber sido publicado en un contexto en el cual no se contaba con el Inventario Nacional de Glaciares o la Ley de Ordenamiento Territorial, donde se fijan restricciones para el desarrollo de la actividad minera, el estudio aborda asuntos de actualidad.

“Si bien el informe elaborado no es exhaustivo al no haberse cubierto la totalidad de las disciplinas que hacen a la valoración ambiental, el mismo comprende los principales aspectos que se deberían tener presentes a fin de dar una opinión fundada y la posibilidad de esbozar una política pública minera que, acompañada por legislación respetuosa y exigente en términos de calidad ambiental y social, resulte en beneficios económicos y fiscales para los intereses de los estados provinciales”, se advierte en el resumen ejecutivo en la presentación.

En tanto, se pone especial énfasis en que “las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), generalmente omiten el análisis económico orientado a diferentes aspectos relevantes en el área que se desarrollará el emprendimiento minero, tales como turísticos, energéticos, aquellos relacionados con los gases efecto invernadero, remediación del pasivo resultante, influencia del proyecto minero en el valor de los terrenos (…)”. También se pone de relieve que los informes EIA, regularmente carecen “de una adecuada valoración y vinculación de aspectos arqueológicos, históricos y culturales con aspectos económicos y sociales”. (...)