
Investigan una red de sabotaje y robo de combustibles que opera en Chile y Bolivia y que tendría ramificaciones en el Paraguay y la Argentina.
La crisis social que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia encuentra dos puntos de especial conflictividad en el mercado de combustibles: las protestas y bloqueos de los camioneros contra el desabastecimiento crónico de gasoil y un escándalo de importación de naftas adulteradas que forzó al presidente boliviano a cambiar al ministro de Hidrocarburos y a las autoridades en la petrolera estatal YPFB.
El gobierno respondió con un resarcimiento económico para miles de conductores y transportistas que registraron daños en sus vehículos por los combustibles adulterados. En paralelo, cambió toda la estructura estatal de fiscalización de combustibles. La medida más relevante llegó la semana pasada, con la publicación de un decreto presidencial que redefine los mecanismos de control y fiscalización para la importación, almacenamiento y comercialización de combustibles.
El caso de los combustibles adulterados constituye un duro golpe para el gobierno, en la medida que aún no logró normalizar el abastecimiento interno a pesar de haber descongelado los precios en las naftas y el gasoil.
A la tensión por los precios de los combustibles se suman reclamos de otra índole que derivaron también en protestas y bloqueos en La Paz y otros puntos del país, provocando en los últimos días un desabastecimiento general.
Como consecuencia de esa situación, el gobierno de Javier Milei dispuso el fin de semana pasado el envio de dos aviones Hércules con ayuda humanitaria a Bolivia. «Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas”, escribió el presidente argentino.
Bolivia: importación de naftas y gasoil adulterados
Las denuncias sobre los combustibles adulterados estallaron en marzo pasado con las primeras protestas y bloqueos en reclamo de un resarcimiento económico por daños en los motores. El gobierno atribuyó la importación y comercialización a una red de sabotaje y robo de combustibles que opera en Chile y Bolivia y que involucra a ex funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El ministro de gobierno, Marco Oviedo, informó que ingresaron a Bolivia unos 150 millones de litros de combustible “adulterado con agua sucia y aceite usado” durante el período comprendido entre octubre de 2025 y marzo de este año. Los datos surgen de una investigación conjunta entre las policías y fiscalías de Bolivia y Chile. Según Oviedo, la investigación de esta red también abarca a la Argentina y Paraguay.
YPFB posee una terminal de importación de combustibles y petróleo crudo en Arica, en el norte de Chile. La instalación posee un oleoducto que conecta Arica con Santa Cruz en Bolivia, aunque una parte considerable de los hidrocarburos son transportados en camiones cisterna.
Muchas operaciones de importación a través de Arica en los últimos años se concretaron a través de Botrading S.A., una comercializadora constituida por YPFB en Paraguay y que ahora está en el centro de una investigación judicial contra el ex presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, por irregularidades en la importación de combustible. Dorgathen se encuentra prófugo en Brasil.
Fuente: Econojournal
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