Traducido, significa que el gobierno planea destinar un 1,7 por ciento del PBI a subsidiar la energía, un monto que iguala al del 2020 y que en un 50 por ciento al del último año del macrismo. Para tomar dimensión del mismo, basta señalar que la erogación pública más publicitada del año pasado, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que llegó a 9 millones de argentinos, insumió “solo” 270.000 millones de pesos.

Que grandes compañías monopólicas reciban de un Estado con escasos recursos y sin financiamiento casi el triple de fondos que lo que recibieron el año pasado 9 millones de argentinos, es un hecho que amerita diversas interpretaciones. Como durante el kirchnerismo, desde el actual gobierno se esgrimen una serie de elementos para explicar la necesidad de subsidiar a las compañías energéticas. El primero de ellos, implica la consecuente reducción las facturas domiciliarias, lo cual resulta fundamental para el incremento de la actividad económica, pues los segmentos populares pueden canalizar el dinero “ahorrado” del pago de sus tarifas hacia otros servicios o productos, un elemento clave para un país cuyo PBI se explica en un 70 por ciento por el consumo interno. 

Paralelamente, cumple una función social, al permitir acceder a servicios energéticos a sectores de clase baja que en otras condiciones no hubieran podido afrontar el gasto de la factura. Asimismo, en otra de sus facetas positivas, el congelamiento o reducción de la suba tarifaria permite contener en parte los niveles de inflación, sin apelar a las recetas de ortodoxas de destrucción del consumo. Y por último, otorgan una mayor competitividad local e internacional a la industria, por medio de un abaratamiento de su producción debido a la energía subsidiada.

Este componente virtuoso de los subsidios, que no estaba exento de aspectos cuestionables, se invirtió durante el gobierno macrista, que en efecto cargó a hogares y pymes con tarifas que no solo compensaban la reducción del aporte estatal, sino también el incremento en el costo energético fijado sin control público por las compañías eléctricas, cuyos titulares estaban en muchos casos estrechamente vinculados al Ejecutivo. Fue así que los subsidios pasaron del 2,9 por ciento del PBI en 2015, último año del kirchnerismo, al 1,1 por ciento en 2019, pero con el correlato de tarifas que aumentaron, entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 en un 1.925 por ciento en el caso de Edenor y Edesur, y más de un 975 por ciento en el caso del gas, frente a una inflación cumulada del 289,6 por ciento.  

Por eso, si se busca generar un “salario indirecto” mediante la reducción tarifaria, mejorar los índices de inflación, y otorgar competitividad a la industria, resulta evidente la necesidad de efectuar subsidios al consumo energético. De hecho, incluso frente a la fuerte campaña de desprestigio contra los subsidios desplegada durante final del kirchnerismo, el FMI publicó en 2015 un estudio donde analizaba los subsidios energéticos en 152 países, en el que ubicaba a la Argentina en el puesto 68, incluso por debajo del promedio latinoamericano y de dos países modelos para el neoliberalismo, como Chile y Estados Unidos. (...)