La altísima inflación y la negación del gobierno anterior a aumentar las tarifas energéticas dejaron varias irregularidades financieras que la gestión actual deberá resolver. Una de ellas es la deuda que las empresas de distribución de electricidad, como Edenor y Edesur, mantienen con el Estado. En total, estas compañías adeudan $305.650 millones (US$380 millones) a Cammesa, según su último informe financiero, que muestra el estado de las cobranzas al 29 de diciembre pasado.

Si se toman en cuenta las deudas de las distribuidoras y los subsidios que el Estado destina a la generación eléctrica, Cammesa le pidió $4,4 billones de fondos a la Secretaría de Energía el año pasado, de los cuales recibió $1,8 billones. Esto explica los casi US$6000 millones al tipo de cambio promedio de 2023 ($3l0) que destinó el Estado a la energía eléctrica.

El Gobierno actual buscará reducir esas transferencias al máximo, partiendo de una situación inicial complicada: debido a la devaluación de la moneda, la necesidad de subsidios se acelerará en el primer mes del año, ya que los costos del sector están dolarizados, mientras que las boletas de electricidad se facturan en pesos. De hecho, según los últimos datos de Cammesa, los usuarios pagan en promedio menos del 47% del costo del sistema. Por eso el plan de la Secretaría de Energía es aumentar las tarifas lo más rápido posible.

En lo que respecta al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan Edenor y Edesur, las empresas pedirán mejorar sus ingresos en la próxima audiencia pública del 26 de enero. El año pasado se les dio un aumento total de 262%, superior a la inflación anual (211%), repartido en dos subas de 108% en abril y 73% en junio. Las empresas recompusieron así parte de las actualizaciones adeudadas, ya que en los tres años anteriores habían tenido subas de 30%, cuando la inflación había sido más de 300%.