La versión inicial del proyecto defendía la liberación total del mercado de bios, que hoy está altamente regulado. En esa dirección, permitía el ingreso de grandes cerealeras (aceiteras y exportadoras) y petroleras al negocio con la intención de abaratar los costos de los carburantes de origen vegetal, uno de los grandes problemas en que incurrió la industria durante los últimos años, dado que muchas veces los precios del biodiesel y del bioetanol terminan siendo más caros que los combustibles fósiles.

Al permitir la integración de la cadena tanto hacia abajo (con petroleras) como hacia arriba (con grandes aceiteras), el espíritu del proyecto original era eficientizar la operatoria de la industria de biocombustibles. Fuentes de La Libertad Avanza llegaron incluso a cuestionar un mes atrás el funcionamiento del complejo azucarero que produce bioetanol en Tucumán —denunciado tanto en el sector privado como en el Estado por su falta de competitividad— y también por la concentración del mercado de biodiesel en pocos grupos económicos, a contramano de lo que estipulaba la Ley 26.093 (de Biocombustibles), que aspiraba a diversificar la producción de bios en pequeñas sociedades diseminadas en distintos puntos del país para apuntalar el crecimiento de economías regionales.

Sin embargo, durante su presentación de este miércoles en la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez es uno de los principales coordinadores de la Ley Ómnibus, volvió sobre sus pasos y oficializó cambios sustanciales en el capítulo de bios.

Entre los más relevantes figuran: a) se bloquea el ingreso inmediato al negocio de las petroleras—YPF, Raízen, Axion Energy, Puma y productores de crudo que estaban evaluando desembarcar en el negocio—. Recién podrán participar de la producción cuando el corte de bios en naftas y gasoil sea superior al 15%, una meta que recién se espera para los próximos tres años. Y b) se condiciona la participación de las grandes aceiteras —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Noble, entre otras nucleadas en la cámara Carbio— al cumplimiento de determinados requisitos. Allegados a YPF, la petrolera controlada por el Estado, que a su vez es el mayor jugador del mercado de combustibles y tal vez el principal perjudicado por la contramarcha del gobierno, indicaron a EconoJournal que aún no analizaron a fondo la última versión del proyecto de Ley, por lo que aún no realizaron gestiones con el Ejecutivo para alinear posiciones entre el Estado y la industria hidrocarburífera. (...)