Pasar de ser una provincia de exploración minera, a una provincia de explotación, es una parte de los objetivos de la ley que el Senado sancionó el jueves último. La norma establece un régimen de promoción para la infraestructura minera, trabajo local y estabilidad fiscal municipal.

Dispone que las empresas mineras que operen en la provincia, preferentemente deberán contratar obras, bienes, insumos y servicios prestados por proveedores que se inscriban en el Registro Provincial de Proveedores Locales de Empresas Mineras, creado en el ámbito de la Secretaría de Minería provincial.

La ley de promoción de infraestructura minera, trabajo y estabilidad fiscal, que busca promover acciones para fomentar actividades productivas e infraestructura económica y social para el desarrollo de las comunidades de la Puna salteña, fue presentada por el gobernador JUAN MANUEL URTUBEY en junio pasado.

A partir de esta ley "vamos a garantizar condiciones de desarrollo para la actividad económica y fundamentalmente, mayor previsibilidad; hay que garantizar las condiciones para quienes vienen a invertir en la provincia, pero también ofrecer condiciones en materia de logística, que les permita ser competitivos", señaló el mandatario.

Actualmente, en la provincia, más de 50 empresas desarrollan proyectos de inversión. En exploración avanzada de litio, cobre, oro y plata entre otros, hay 14 proyectos.

En exploración superficial de los mismos minerales, más perlita y puzolana, son 118.

La ley, que ahora pasó al Ejecutivo para la promulgación, incluye la ejecución de obras infraestructura económica y social por parte de las empresas mineras compensando total o parcialmente el costo de las mismas con regalías.

También el otorgamiento de certificados de crédito fiscal endosables, para pago de regalías mineras que compensen total o parcialmente el monto de obras ejecutadas y la utilización de certificados de créditos fiscales a partir de la materialización de la inversión.