Allí se encuentra Nucleoeléctrica Argentina S.A., que ya funciona como sociedad anónima, y es la empresa que opera las tres centrales nucleares que funcionan en Argentina. En caso de que se aprobara la ley, y finalmente se privatizara, sería la única vez en la historia que este sector generador de energía se encontraría en manos privadas.

El artículo 8 de la ley ómnibus declara “sujeta a privatización” a empresas y sociedades de propiedad total o mayoritariamente estatal de las que se encuentran en el Anexo I. En ese listado, está Nucleoeléctrica S.A, (NASA), y Dioxitek S.A., también manejada por el Estado, que produce insumos para abastecer a centrales nucleares.

En el mismo capítulo también hay otros dos artículos que modifican la ley nacional de la actividad nuclear. El artículo 10 deroga el 35 de la ley nuclear que planteaba que Nucleoeléctrica en caso de ser privatizada tenía que mantener hasta un 20% de su capital o 1 acción como mínimo en poder del Estado. Además, el artículo 11 de la ley ómnibus sustituye otro artículo de la ley nuclear que le daba lugar al Estado en caso de una privatización.

El nuevo artículo dirá: “A los fines de las privatizaciones señaladas se constituirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo nacional podrá conservar una (1) acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. (...)