La intención oficial sería que el martes Cristina Kirchner la anuncie con los mandatarios provinciales. Según reveló el gobernador de una provincia petrolera, el 50,01% de la petrolera será estatal, las provincias tendrán un director en la misma y la compañía deberá hacerse cargo de las importaciones de combustible que le cuestan más de US$ 12.000 millones al fisco. El proyecto que ahora se discute tiene tres patas, según definió un técnico provincial: "estatización, nacionalización y blanqueo".

El primero es que el Estado se haga cargo de YPF, punto en el que las provincias coinciden. El segundo, es que la Nación tenga el control del negocio, relegando a las provincias, dueñas del petróleo. El tercero, que se incluyen en la ley resoluciones vigentes pero sin sustento claro, como aquella que creó una base de datos de reservas hidrocarburíferas que administra una empresa que estaría ligada a un empresario kirchnerista. Las dos últimas partes son las que provocaron ruido en las provincias.

El punto que los técnicos llaman "nacionalización" es el que provocó las quejas de los gobernadores a De Vido el jueves y que, junto con los planteos de España, habrían provocado que la Presidenta no anunciara el proyecto ese día como habría estado previsto. El capítulo 1 del proyecto es "De la expropiación". Establece: "Decláranse de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,011% de las acciones Clase D de la empresa YPF". La mitad de esas acciones a expropiar son todas las de la familia Eskenazi y el resto son de Repsol, tal como ya había trascendido.

Es interesante la última parte de ese artículo: "Queda el Poder Ejecutivo facultado para establecer las precisiones que permitan concretar la voluntad que expresa la presente". Entre esas precisiones está cómo se pagará a Eskenazi y Repsol por esas acciones, que a valores de fines del año pasado cotizaban en US$ 9.000 millones. ¿Reservas del Banco Central, dinero de la ANSeS? No está estipulado. Tal como ya se había dicho, el Estado tendrá tres años para fijar el precio de esas acciones. Según algunas versiones, ya habría un canal de diálogo abierto entre Repsol y el Gobierno al respecto.

En la "nueva YPF" habrá un directorio con representantes de "los grupos económicos con participación más relevante en la composición accionaria, así como un representante de las provincias productoras (OFEPHI)". Y en 180 días deberá establecer un plan para garantizar el pleno abastecimiento de combustibles. Allí abre la puerta para el ingreso de nuevos socios (en el mercado se menciona a Bulgheroni): "En el caso en que dicho plan de negocios requiera de la obtención de fuentes de financiamiento externas a la empresa, incluidas eventuales asociaciones estratégicas, deberá analizar las diferentes alternativas para ello".

Pero más allá de las disposiciones relativas a YPF, el proyecto avanza sobre regulaciones para todo el sector petrolero. Así, aunque establece que los precios de hidrocarburos serán libres, establece que "cuando los precios internacionales del petróleo crudo se incrementaren significativamente (...) o exista una situación crítica de abastecimiento interno, los precios podrán fijarse sobre la base de los costos de explotación". Lo que Guillermo Moreno venía haciendo de manera informal, ahora tendría una base regulatoria. El problema principal que llevó al Gobierno a esta situación es el fuerte déficit energético, que implica que este año deberán importarse más de US$ 12.000 millones en gas, gasoil, etc.

Fuente: Clarín

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