En un mar de intereses econ贸micos, empresarios y financieros, se cuela la pol铆tica y se avisoran acciones en conjunto para presionar a Santa Cruz y derrumbar el nuevo canon que pretenden cobrarle a las empresas que explotan y a las que tienen proyectos iniciados en esta provincia. 

Luego de la aprobaci贸n legislativa del Impuesto sobre el Derecho Real de la Concesi贸n Minera en Santa Cruz, ocurrido en la C谩mara de Diputados de Santa Cruz, con la abstenci贸n del FPV, la comunidad minera y el gobierno nacional se pusieron nerviosos y comenz贸 un trabajo en conjunto para impedir que esta medida impacte sobre las ganancias de las operadoras.

Se han llevado a cabo diversas manifestaciones en este sentido. Desde la reuni贸n que hace unos d铆as mantuvo el Secretario de Miner铆a Jorge Mayoral con ejecutivos de la empresa Minera Santa Cruz, hasta las manifestaciones del sindicato (AOMA), pasando por el comunicado de Goldcorp que administra el yacimiento Cerro Negro, todo tiende a pintar un panorama absolutamente obscuro para Santa Cruz, si acaso el gobierno provincial insiste en llevar adelante la aplicaci贸n de esta nueva ley que a criterio de la corporaci贸n minera nacional e internacional, es ilegal y peligroso porque 鈥渘o incentiva la inversi贸n鈥�.

En este sentido, la minera Goldcorp ha sido la m谩s taxativa en expresar su disconformidad con la norma, se帽alando que a partir del d铆a 15 de julio suspendi贸 la campa帽a de perforaci贸n de exploraci贸n prevista para el 2013 aludiendo que la baja en el precio internacional del oro ha disminuido los ingresos de la empresa que financia el proyecto 鈥淐erro Negro鈥�, a unos 80 kms de Perito Moreno.

Se帽alando que los mercados internacionales se han restringido ya en el final del comunicado la empresa desnuda la verdad del mismo y el objetivo central que fundamenta su existencia: la promulgaci贸n de la Ley de Impuesto Inmobiliario Minero en la Provincia de Santa Cruz.

En este sentido la operadora indica que los mayores costos, la baja del precio internacional, la restricci贸n de mercados, la inflaci贸n y el retraso cambiario hacen menos eficiente los recursos financieros de la empresa y con motivo de esta nueva norma, que le permite al gobierno gravar con una alicuota del 1%, establecido sobre el valor de las reservas que posee la mina, a los proyectos actuales y futuros, se le hace imposible seguir desarrollando los compromisos de inversi贸n acordados oportunamente.

Por su parte, desde el gobierno provincial se sostiene que las mineras est谩n acostumbradas a llevarse todo sin dejar nada en Santa Cruz, debido a las favorables condiciones contractuales que le dispensa la Naci贸n, en base a los acuerdos internacionales que se labraron en el marco de la Ley Minera, absolutamente favorable a las multinacionales, que depredan las riquezas de la provincia.

Los medios afines a la miner铆a, han iniciado una campa帽a coordinada en este sentido, con el fin de establecer en la opini贸n p煤blica, que de persistir este panorama, se pueden empezar a generar despidos y no pocas empresas comienzan a pensar en abandonar la provincia o as铆 lo difunden, tal es el caso de Godlcorp.

Como contrapartida, desde el gobierno resaltan que el 90% del personal minero no es de Santa Cruz y consideran irrisoria la amenaza de abandonar la explotaci贸n por cuanto en Argentina la actividad extractiva es una de las m谩s convenientes del mundo y la mano de obra la m谩s barata.

De acuerdo a fuentes consultadas por OPI, la nueva jugada de las mineras y el gobierno nacional es la presentaci贸n ante la Justicia de un amparo que trabe la aplicaci贸n de la nueva ley provincial ya que es contrario a la Ley 24.196 de inversiones mineras y que, precisamente, constituy贸 a la Argentina en un 鈥減a铆s amigable鈥� para las multinacionales, ya que les otorga 鈥渆stabilidad fiscal鈥� por 30 a帽os a las compa帽铆as y que las propias empresas pusieron el grito en el cielo cuando en el 2008, esa estabilidad, la vieron vulneradas con los derechos de exportaci贸n.

En Santa Cruz, adem谩s, se ven afectadas: Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti, Minera Santa Cruz, de Hochschild, Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver. La estrategia planteada es discutir esto en el fuero Federal y el gobierno nacional ha comprometido 鈥渢odos sus esfuerzos鈥� en buscar los medios necesarios para ayudar en este proceso de anulaci贸n de la norma impulsada desde el Ejecutivo provincial.

En esto no es ajeno la pelea pol铆tica que tiene el PJ encabezado por Peralta y el FPV de Cristina Fern谩ndez. La presi贸n de las mineras sobre el gobierno de Santa Cruz est谩 avalado por un gui帽o nacional y es parte de este juego donde la amenaza de estabilidad laboral y el desfinanciamiento, intentan marcar con una fuerte impronta a la gobernabilidad en plena campa帽a electoral.