El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación elaboró el “Informe de Panorama Productivo”, en el que analiza la “evolución de indicadores de las actividades productivas” del territorio nacional.

La minería metalífera, al igual que el resto de las industrias, es analizada sin alejarse del impacto que genera la pandemia mundial. El brote de coronavirus se instaló en cada rincón productivo de Argentina y el mundo.

En un escenario que trajo nuevo desafíos, la minería fue declarada actividad esencial por una decisión administrativa del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que permitió retomar las operaciones a inicios de abril. En Santa Cruz, fue una de las pocas actividades que sostuvieron sus operaciones.

La Opinión Austral corroboró que desde el pasado 20 de marzo -fecha en que se puso en vigencia el DNU Nº 297/2020 que estableció el aislamiento preventivo, social y obligatorio- hasta la actualidad, las operaciones metalíferas de Santa Cruz no retornaron el ritmo habitual previo a la pandemia.

El máximo que alcanzaron fue el 80% de su capacidad productiva, pero las circunstancias sanitarias de los últimos cuatro meses llevaron al Comité de Operaciones Emergencia a extremar los controles. Así, el ritmo productivo de la actualidad se ubica por encima de la franja del 60%, aproximadamente.

El escenario que muestra la industrias metalífera no es único. Desde Nación sostuvieron que durante marzo y abril todos los sectores industriales mostraron síntomas de retracción por las condiciones epidemiológicas. El petróleo, la minería y la pesca, además, fueron impactados por la menor demanda externa.

El informe del panorama productivo del país detalla que “las exportaciones mineras acentuaron su retroceso en mayo, a pesar que los proyectos mineros continuaron con la reactivación de sus actividades”.

La implementación de las medidas de seguridad y salud fue un freno a las aspiraciones de “retomar los niveles productivos previos a la suspensión de las actividades, antes del 20 de marzo”.

En la industria metalífera, las compañías debieron readecuarse a las restricciones impuestas por los estados provinciales, afectando la “movilidad del personal, a lo largo del territorio nacional”, que debía llegar a los lugares de las operaciones para cumplir con sus tareas.

De ahí la decisión acertada que tomó el Gobierno de Santa Cruz, en consonancia con las multinacionales y el gremio, de sostener los labores esencialmente con mano de obra local. (...)