El virtual congelamiento de las tarifas de gas y electricidad que aplicó el gobierno de Alberto Fernández provocó un deterioro creciente de la cadena de pagos de esas dos industrias. Como el dinero que cobran de los usuarios residenciales no les alcanza para cubrir sus costos —que se incrementan al ritmo de la inflación—, las distribuidoras, el último eslabón de la cadena, recortaron sus planes de inversión —se enfocaron en las obras necesarias para garantizar la seguridad de las instalaciones— y, en el caso de las gasíferas, dejaron de pagar parte del gas que le compran a las petroleras.

Esa situación quedó de manifiesto en los informes que presentaron las distribuidoras —Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas, entre otras— de cara a la audiencia pública que se realizará el próximo 4 de enero para aumentar las tarifas a partir del 1 de febrero de 2023. Esos documentos figuran en la página web del Ente Regulador del gas (Enargas).

Las compañías pidieron una recomposición de hasta un 190% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente incluido en las facturas que equivale al ingreso que perciben las distribuidoras. Como el VAD representa entre un 10% y un 20% de las facturas finales que pagan los hogares, el planteo de las empresas podrían llegar a derivar —en caso de que el gobierno lo autorice, algo muy poco probable— en un aumento del de 35% en las boletas. A ese porcentaje, habría que sumarle el incremento del precio del gas en boca de poco, que representa un 50% de la factura final que pagan los usuarios.

Por el momento, no está claro cuál es el techo que le fijará la política a los aumentos en un año electoral. Pero sí se empezó a conversar en el gobierno la necesidad de otorgarles a algunas distribuidoras una asistencia económica, es decir, un subsidio directo del Tesoro para que ordenen sus finanzas después de tres años de atraso tarifario.(...)