Funcionarios del gobierno adelantaron que ese pasivo se terminará saldando muy probablemente con un bono del Tesoro, pero advirtieron que no tienen apuro en negociar con los privados.

Generadoras eléctricas y productores de gas intentaron durante las últimas semanas edificar canales de articulación con distintos estamentos del gobierno para resolver el tema que más las preocupa en la actualidad: regularizar la deuda a su favor que se acumuló durante el primer trimestre por la decisión del Estado de no pagar las bonificaciones del Plan Gas y reducir al mínimo las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) que se encarga de afrontar los costos de generación y transporte de la electricidad. Hasta el momento, las gestiones realizadas por los privados fueron más bien magras, porque no lograron que el Ejecutivo indique cómo saldará ese pasivo.

Desde que asumió en el Ministerio de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, llevó adelante una especie de ‘default energético’, que implicó suspender el pago de la gran mayoría de compromisos y obligaciones que posee el Estado con el sector de gas y electricidad. Esa fue, de hecho, una de las cuatro medidas que, a groso modo, explicaron el superávit fiscal que exhibió el gobierno desde enero. Las otras tres fueron la licuación de jubilaciones y salarios —que se actualizaron muy por debajo de la inflación y devaluación—; el freno de la obra pública, y la ralentización de las transferencias a las provincias.

En materia de energía, Caputo y Rodríguez Chirillo dejaron de pagar a través de Cammesa la remuneración que les corresponde a los generadores por producir energía en centrales térmicas e hidroeléctricas y tampoco están abonando a las petroleras el gas natural que se utiliza en las usinas para generar energía. A la fecha, Cammesa incluso adeuda el pago del gas que consumieron las centrales térmicas en diciembre. Las petroleras tampoco cobraron el gas que vendieron, bajo el paraguas del Plan Gas, a las distribuidoras para cubrir la demanda de hogares, comercios y pequeñas industrias.

Lo que preocupa a los privados no es tanto el pasivo que se acumuló y que muy probablemente se seguirá acumulando en los próximos meses, dado que entienden que migrar hacia un paradigma de libre mercado como al que apunta la administración de Javier Milei llevará tiempo, sino la falta de horizontes para poder interpretar cómo se ordenará el pasado. “Da la impresión que el gobierno tiene poco nivel de detalle sobre la profundidad de las consecuencias que provocará las decisiones que están tomando. Hay un montón de signos de interrogación hacia adelante”, explicaron desde una compañía.