Las cifras de agosto son contundentes: en medio de un duro invierno y con el promocionado gasoducto internacional Juana Azurduy (GIJA) funcionando por primera vez a pleno durante un mes completo, las importaciones de gas boliviano registraron uno de los volúmenes más bajos del año, aunque el precio que pagó el Gobierno creció significativamente. Esa merma en el volumen de gas que envió Bolivia no fue reemplazada por producción local, sino por importaciones de gas natural licuado (GNL) aun más caro que el fluido que llega del Altiplano. Según cifras de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), las exportaciones de gas a la Argentina en agosto fueron de 7,16 millones de metros cúbicos diarios (mcd).

Esa cifra es inferior a la registrada en los meses de febrero, marzo, mayo y julio, y prácticamente igual que el promedio de junio. Pero además de la mayor demanda que había en agosto -cuando unas 300 industrias sufrieron varios días de cortes de gas- respecto de los meses previos, otro hecho justificaba la expectativa de un crecimiento en la disponibilidad de hidrocarburos bolivianos: el 30 de junio pasado, en un acto que se transmitió por cadena nacional y contó con la presencia del presidente de Bolivia, Evo Morales, la presidenta Cristina Kirchner inauguró el GIJA y prometió que desde ese mismo día llegarían por el nuevo ducto "7 millones y medio de metros cúbicos por día de gas". Al día siguiente, por ese caño pasó algo menos de un millón de mcd.

Durante los primeros días todavía se siguió usando en forma parcial el viejo gasoducto, hasta que desde el 12 de julio el GIJA comenzó a operar en forma plena. Julio terminó con un promedio de 7,62 millones de mcd de gas exportado a la Argentina. Todavía estaba por debajo del récord de febrero, pero al menos durante cuatro días seguidos los envíos superaron los 10 millones de mcd. Durante agosto, en cambio, sólo un día se superaron los 10 millones y el promedio quedó bien abajo (6% menos que en julio, mientras que a Brasil los envíos de Bolivia crecieron uno por ciento).

FLEXIBILIDAD

La inauguración del GIJA, para el cual se invirtieron 173 millones de pesos, debía servir en teoría para incrementar el volumen de importación de gas de Bolivia, además de otorgar mayor seguridad y flexibilidad, por tratarse de una construcción más moderna que el viejo caño Pocitos-Campo Durán. Según el acuerdo entre YPFB y la estatal argentina Enarsa, Bolivia debía mandar durante este invierno un promedio de entre 7,7 y 11,3 millones de mcd de gas. El mínimo saltará el año próximo a 11,6 millones y en 2013, a 13,5 millones, hasta llegar a los 27,7 millones en 2021.

Para llegar a esos volúmenes era necesario construir el GIJA, aunque hasta ahora el proceso fue el inverso. El ex secretario de Energía Daniel Montamat consideró que para cumplir con ese acuerdo Bolivia debería desarrollar nuevos yacimientos. "Bolivia tiene potencial, pero por los cambios en las reglas de juego la inversión privada se redujo al mínimo y la inversión de la empresa pública boliviana tiene problemas de cantidad y eficiencia", sostuvo. Como consecuencia de esta situación, el peso de Bolivia en las importaciones de gas que realiza la Argentina cayó hasta el 24%, un piso que no se había tocado antes.

En agosto, la Argentina importó 916,3 millones de metros cúbicos, de los cuales sólo 221,7 millones los aportó YPFB y el resto llegaron mediante las operaciones de regasificación de GNL. Con un detalle para tener en cuenta: mientras la Argentina paga desde julio 10,20 dólares el millón de BTU (un 34% más que a comienzos de año y un 300% más que a los productores locales de gas), importar GNL cuesta aún más caro, entre 12 y 15 dólares el millón de BTU. Tanto en junio como en julio, por ejemplo, el gas boliviano representaba aún el 29% de las importaciones argentinas. En 2010, era el 56% del total. Así, mientras en agosto el volumen de gas que ingresó en el sistema nacional a través de las terminales de Bahía Blanca y Escobar creció 18% respecto de julio, los envíos bolivianos cayeron 6 por ciento.

Fuente: La Nación

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